Antes de que la Covid-19 llegara a México y confinara a todos los alumnos en sus casas, casi un tercio de las primarias y secundarias y una quinta parte de las preparatorias y bachilleratos ya carecía de agua potable y de lavabos de manos, de acuerdo con el documento Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Si bien, la insuficiencia de infraestructura, más focalizada en lugares con pobreza, es producto de rezagos que el país arrastra desde hace décadas, lo cierto es que regresar a clases con esas carencias, en medio de la pandemia, representa un riesgo para alumnos, docentes y personal escolar administrativo, señala el investigador de El Colegio de México, Manuel Gil Antón.
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De acuerdo con las estadísticas de la SEP, 31.6 por ciento de las escuelas de educación básica no contaban con lavamanos, 27 por ciento carecía de agua potable y 17.3 por ciento no tenía sanitarios independientes. En el caso de los planteles de nivel medio superior, los porcentajes respectivos fueron 21.2, 22.8 y 15.8 por ciento.
“(Hay) 62 mil 629 planteles que no cuentan con esta infraestructura de higiene prioritaria”, dice Alejandra Macías Sánchez, directora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La también doctora en Políticas Públicas explica que atender únicamente la carencia de lavamanos cumple una de cuatro recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el regreso a clases. Las otras tres medidas son: asegurar el distanciamiento social en las aulas, mantener las escuelas limpias y desinfectadas y asegurar que los alumnos y docentes lleguen y se mantengan saludables.
María Asunción Gil González, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en San Luis Potosí, coincide en que lo más preocupante es la falta de agua en los planteles e infraestructura para lavarse las manos.
“Hay escuelas que no tienen sanitarios. Se robaron todo, no tenemos siquiera una garrafa de antibacterial, ni Cloralex, para nada, en absoluto”, indica la lideresa magisterial. También lamenta la orden federal de que “las escuelas y los padres de familia hagan lo que puedan”.
“Está complicado regresar a clases, hay mucha resistencia de padres de familia. Soy la directora de la escuela Julián Carrillo. Con 600 alumnos, será difícil mantener la distancia de cada alumno. Todo el protocolo de higiene es muy difícil, estamos dispuestos a realizar el intento y esperar que no suceda nada malo”.
Ante esta realidad, Manuel Gil propone que tanto la SEP como la Secretaría de Salud certifiquen a las escuelas aptas para el retorno a las aulas, con una supervisión acompañada del magisterio y de los padres de familia.
“Tenemos que confiar más en proyectos de retorno contextualizados, que a instrucciones generales de regresar todos tal o cual día… Tenemos escuelas con infraestructura muy buena y otras con muy mala. Debemos tomar decisiones locales y específicas”, consideró el especialista en temas de educación.
De acuerdo con un estudio reciente del CIEP, de 2010 a 2021 el gasto público en infraestructura educativa cayó, en promedio, 21.6 por ciento cada año. Entre 2020 y 2021 la caída fue aún más pronunciada: 79.1 por ciento en términos reales.
El desplome tiene explicación, indica el centro de investigación, y se debe a la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, cuyas funciones fueron reemplazadas por el programa La Escuela es Nuestra.
Éste último, al hacer transferencias directas a los Comités Escolares de Administración Participativa de cada plantel (CEAP), se clasifica como subsidios que forman parte del gasto corriente, y no de inversión.
Este año, el presupuesto para el programa nacido en el gobierno de la Cuatroté tuvo un incremento de 63.3 por ciento con respecto a 2020, pero el CIEP indica que los recursos no sólo se usan para mejorar las condiciones físicas de la escuela, sino también para ampliar la jornada escolar, el desarrollo de habilidades musicales mediante conformación de orquestas y coros y mejorar la seguridad alimentaria de los alumnos.
“Por ser un programa de reciente creación, el Coneval no ha podido llevar a cabo una evaluación completa del mismo, por lo que se desconoce la efectividad de estas intervenciones en los planteles y comunidades”, indica el documento.
Asunción Gil señala que los recursos del programa no han llegado al menos a su plantel. “A mi escuela, que son 600 alumnos, corresponden 500 mil pesos, pero no ha llegado nada, ni de la Federación, ni del estado ni del municipio”.
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