Aunque no existen estadísticas oficiales que respalden que sea un hecho que septiembre tenga una mayor propensión a los sismos, este mes ha coincidido con los movimientos telúricos de mayor intensidad en el país, pero ¿México está preparado para otra catástrofe como la que ocurrió en 2017 o 1985?
A la fecha, el país tiene diferentes métodos o seguros para la prevención de desastres naturales, ya sean inundaciones, terremotos, huracanes, entre otros.
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Uno de los principales mecanismos para este tipo de sucesos es el casi extinto Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), un fideicomiso creado por el Gobierno federal desde finales de 1999.
Los objetivos del Fonden, cuando recién vio la luz, se centraron en destinar recursos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno; vivienda de la población de bajos ingresos; y ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas.
El fondo es nutrido de manera anual a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque por su figura de fideicomiso podía recibir más dinero durante el año en turno.
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Otra de las cosas que hace el Fonden es transferir recursos a un Fondo de Atención de Emergencias, con el que el Gobierno federal puede donar víveres, herramientas, medicamentos, y otros artículos, a la población afectada por un desastre natural.
Para 2022, el Fonden tendrá un saldo de nueve mil 54 millones de pesos, aunque en noviembre del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su extinción para tener mayores recursos con los cuales enfrentar la crisis sanitaria.
Esto formó parte de una estrategia que su administración emprendió desde el inicio de la pandemia, ya que se negó a contratar deuda para contar con dinero suficiente y así comprar vacunas, salvar empleos, entre otras cuestiones.
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El 8 de septiembre, en sus tradicionales conferencias matinales, el presidente López Obrador justificó la desaparición del Fonden y argumentó que era “un barril sin fondo”.
“El Fonden era un barril sin fondo, en cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos. Entonces, desaparece el Fonden, porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México, pero eso no significa que no se atienda”, señaló el mandatario.
¿AMLO tiene razón?
En octubre del año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que la SHCP, que entonces encabezaba Arturo Herrera Gutiérrez, incumplió en las reglas de operación del Fonden al no demostrar el destino de los recursos y verificar la reconstrucción de obras o edificios dañados.
En su momento, Herrera Gutiérrez dijo que el fondo tenía deudas por más de 18 mil millones de pesos debido a los huracanes de años anteriores y los sismos ocurridos en 2017.
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Sin embargo, según la auditoría realizada por la ASF, en 2019 se autorizaron 27 solicitudes de recursos para la reconstrucción o restitución de bienes afectados por un monto de cinco mil 474.7 millones de pesos.
De las solicitudes autorizadas, nueve fueron por eventos ocurridos en 2019 y 18 más a catástrofes de 2018, las cuales se presentaron extemporáneamente.
Además, destacó la ASF, Hacienda no demostró que los bienes afectados recuperaron las condiciones operativas similares a las que prevalecían antes del desastre ocasionado ni acreditó que en los trabajos de reconstrucción se incluyeron medidas de mitigación para daños futuros, mediante normas de diseño o construcción que reduzcan la vulnerabilidad de la población ante futuras amenazas.
Más fondos, bonos y seguros
Otro de los mecanismos que tiene México para la atención de una catástrofe es el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fodepren), que el próximo año tendrá recursos por 207 millones 505 mil pesos.
Este fondo tiene como objetivo reducir los riesgos, evitar o disminuir las consecuencias de un desastre natural, sea cual sea su origen o magnitud.
Para Kaspar Mueller, presidente de Reaseguro en América Latina para Swiss Re, México ha hecho una labor importante en asegurarse o protegerse contra cualquier tipo de desastre natural.
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Un análisis elaborado por la SHCP, la Secretaría de Gobernación (Segob), el Banco Mundial (BM), y otros organismos internacionales, indica que el país está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el mundo.
El informe añade que cada año se presentan más de 90 sismos con magnitudes de cuatro o más en la escala de Richter, mientras que cerca de 40 por ciento del territorio nacional está expuesto a tormentas, huracanes e inundaciones.
“En términos económicos, esto se traduce a que 30 por ciento del Producto Interno Bruto del país se considera vulnerable a tres o más peligros y 71 por ciento más es vulnerable a dos o más peligros”, de acuerdo con la SHCP.
Esto se vuelve aún más complicado si se considera que en México sólo 4.5% de las familias cuenta con algún seguro de hogar, sin que esté vinculado u otorgado con un crédito hipotecario, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Pero, además, de las más de cuatro millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) que existen en el país, sólo 17 por ciento cuenta con algún tipo de protección de un seguro para hacer frente a siniestros.
De acuerdo con Erick Mitre, director del segmento de Property de Zurich México, hay seguros que, ante un temblor, inundación, huracán, o hasta lluvia con granizos, cubren los daños sufridos por el inmueble, sus contenidos e incluso las pérdidas económicas.
El especialista de Swiss Re comentó que el país también cuenta con un bono catastrófico, que sirve para cubrir las pérdidas de desastres naturales.
En marzo del año pasado, la SHCP dijo que emitió un bono catastrófico que proveerá a México de una protección financiera por un monto equivalente a 485 millones de dólares contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales.
Si ocurre un desastre natural que sea elegible para la cobertura, algunos o todos los recursos del bono se depositarán en el Fonden. Según la dependencia, incluso con la extinción de este fideicomiso, sigue asegurada la transferencia de recursos para un desastre natural.
“La emisión de estos bonos refleja el compromiso del Gobierno de México por proteger el bienestar de sus ciudadanos contra las consecuencias de los desastres naturales. El bono también forma parte de la estrategia de fortalecimiento de las finanzas públicas, dotándolo de resiliencia ante desastres naturales”, precisa la SHCP.
En 2006, México se convirtió en el primer país en emitir un bono catastrófico.
Otra herramienta más tradicional que tiene el país para protegerse ante un suceso natural es el seguro catastrófico. En los Criterios Generales de Política Económica 2022, la oficina de Rogelio Ramírez de la O indicó que México cuenta con el “Seguro de daños ocasionados por desastres naturales”.
Dicha herramienta estará vigente del 5 de julio de 2021 al 5 de julio de 2022, al tiempo que ofrecerá una cobertura hasta por cinco mil millones de pesos y se activará ante desastres naturales que superen un nivel mínimo de daños de 275 millones de pesos y un acumulable de 750 millones de pesos.
“En caso de que se materialice algún siniestro, el seguro cubriría el riesgo de una reducción en los recursos presupuestales con motivo de la atención que se debe dar a los efectos ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores”, se lee en el documento.
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