Con la demanda de generar nuevos espacios de consulta entre la comunidad universitaria para elegir a sus autoridades y avanzar en la democratización de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comenzó la carrera por la sucesión para sustituir al rector Enrique Graue Wiechers, quien concluirá su encargo en noviembre próximo.
Hasta ahora, hay una veintena de posibles candidatos a la Rectoría. Mujeres y hombres de los que la comunidad universitaria habla en conversaciones internas. Son cuidadosos del proceso dado que, aseguran, existe un “ambiente desestabilizador”.
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Aunque los aspirantes con oportunidades reales, según fuentes consultadas por El Sol de México que pidieron el anonimato, se reduce a ocho universitarios: cuatro mujeres y cuatro hombres.
Entre ellos destaca Patricia Dolores Dávila, quien está al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, e incluso la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
Además del exceuísta y actual director general de Evaluación Institucional Imanol Ordorika, Leonardo Lomelí, secretario general, Luis Álvarez Icaza Longoria, secretario administrativo, y el coordinador de Investigación Científica, William Lee Alardín.
Investigadores universitarios y especialistas en estudios de la educación superior advierten que la UNAM se convertirá en escenario de la disputa entre la izquierda política universitaria y del país frente a una estructura institucional que se opone a una reforma en el método de elección de sus autoridades; y contra un bloque conservador de corte más académico y científico que busca recuperar un enfoque de desarrollo del conocimiento.
En la sesión del pasado 30 de marzo del Consejo Universitario, el investigador y exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco, propuso “avanzar en un proceso (…) de democratización” del método de auscultación para designar al próximo rector, incluso sugirió votaciones no vinculantes entre los universitarios antes de tomar la decisión. También surgieron peticiones de estudiantes y consejeros universitarios para modificar la forma de elegir autoridades.
Los primeros están a favor de impulsar la agenda que trazó en los últimos tres años el presidente Andrés Manuel López Obrador de poner fin a “la burocracia dorada” y a “la derechización” de la institución. Mientras que el bloque institucional busca un proceso de reformas a largo plazo y atención a los actuales problemas, donde se dé prioridad a la estabilidad, la gobernabilidad y la recuperación del diálogo con los tres órdenes de gobierno.
A pesar de que algunos de los aspirantes mencionados entre la comunidad señalaron que hay una petición expresa de la Rectoría para esperar a que se lance de manera formal la convocatoria para no agregar otro punto al “golpeteo” hacia la institución, ya hay encuentros y espacios en donde se analizan posibles apoyos.
Los aspirantes, hasta ahora, se agrupan en tres bloques: los miembros del actual equipo de trabajo del rector Graue, los exdirectivos universitarios que cumplen con los requisitos para participar y universitarios reconocidos con encargos públicos.
El primero, el más nutrido por “rebeldía interna o porque el rector juega con diversas cartas”, según los consultados, lo encabeza el secretario general Leonardo Lomelí, un hombre con cierta prudencia y quien desde su encargo tiene un diagnóstico preciso de los problemas y oportunidades de la institución.
Le sigue el secretario Administrativo, Luis Álvarez Icaza, quien simpatiza con la izquierda universitaria y ha tendido puentes en la institución para el diálogo con los diversos grupos.
En ese bloque aparece la primera mujer con apoyo de la izquierda universitaria, los científicos y las unidades foráneas para convertirse en la primera rectora de la UNAM: Patricia Dolores Dávila Aranda. Reconocida por su perfil de “mujer seria, clara, enérgica y firme”.
Es bióloga, con el más alto nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, además de ser la primera funcionaria en el staff que proviene de una unidad foránea al campus central, dado que ella fue directora de la FES Iztacala.
En ese primer círculo también se encuentran los coordinadores de la Investigación Científica, William Lee, aunque hay sectores que cuestionan su actuación frente a las reformas emprendidas por Conacyt y la persecución contra un grupo de científicos universitarios por parte del gobierno federal. Además de Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, quien con estudios de sociología y política fortaleció un equipo con perspectiva de género en la actual administración.
En el mismo grupo de funcionarios del staff también está el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo, a quien se le ven pocas posibilidades, dado que sería el cuarto médico al frente de la universidad de manera consecutiva y el octavo rector en ocho décadas.
La comunidad universitaria también indica que participarán los directores de las facultades de Derecho, Raúl Contreras; de Ciencias, Víctor Manuel Velázquez; de Ciencias Políticas y Sociales, Carola García; de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú.
Además de los institutos de Ingeniería, Rosa María Ramírez, y de Investigaciones Jurídicas, Mónica González Contró. La última tiene menor tiempo frente a su instituto, pero cuenta con la experiencia de haber sido abogada general e impulsado una agenda de atención a problemas de género.
En ese sector de integrantes del staff se agrega el nombre de Imanol Ordorika, exmiembro de movimientos estudiantiles como el CEU en los años 80 y quien desde un encargo de evaluación de las tareas universitarias, además de especialista en las formas de gobierno de la UNAM, es considerado uno de los candidatos más activos, aunque en su contra se menciona que no ha ocupado cargo directivo alguno en escuela, facultad o instituto.
En el segundo bloque se encuentra Pedro Salazar, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y quien participó en el proceso anterior, pero debido a su formación en el ITAM se desestimaron sus contribuciones en la UNAM.
El tercer bloque lo encabeza, de acuerdo con propuestas de los universitarios, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La valoración de la comunidad es que de no ser favorecida con la candidatura presidencial de Morena pudiera convertirse en la primera mujer en ocupar el máximo cargo en la UNAM.
Pese a que en el círculo cercano a la jefa de Gobierno se afirma que la prioridad es lograr la candidatura presidencial de Morena, Sheinbaum cubre con los requisitos básicos de la ley universitaria, es decir, que la Rectoría debe estar a cargo de una persona menor de 70 años de edad, mexicana de nacimiento, con doctorado y haberse distinguido en su especialidad; ella formó parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que en 2007 ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo a favor del medio ambiente.
El regreso de Rosaura Ruiz, exsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la UNAM para coordinar el grupo de apoyo a la candidatura presidencial intensificó en las últimas semanas esa tesis.
Aunque también se indica que ese grupo podría contar con la candidatura de la propia Ruiz y postularse por segunda ocasión, la primera vez fue en 2015. La exdirectora de la Facultad de Ciencias no cubre en este momento el requisito de edad, lo rebasa por dos años, pero sus adeptos consideran que un último recurso sería impugnar este requerimiento establecido en la década de los 40, con el argumento de que discrimina a quienes han demostrado capacidad para ocupar el encargo.
La misma situación se observa en el caso de John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nacido en Estados Unidos y naturalizado mexicano, quien desde 2019 dirige el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad.
En ese bloque de candidatos externos hay quienes podrían sugerir ante la Junta de Gobierno de la UNAM la inclusión de exfuncionarios federales, como la exsecretaria de la Función pública, Irma Eréndira Sandoval y del expresidente del Instituto Nacional Electoral, aunque Lorenzo Córdova ya dijo que no le interesa buscar la rectoría.
Análisis: buscan desestabilizar
Ángel Díaz Barriga, profesor emérito de la máxima casa de estudios, asegura que lo que se observa entre los aspirantes son “grupos intentando desestabilizar a la UNAM para genera un conflicto mayor. Aprovechar este proceso, porque el rector en funciones va perdiendo fuerza en la conducción de la institución, porque varios de sus funcionarios cercanos y directores de escuelas y facultades están levantando la mano para decir yo quiero estar y armar su grupo su apoyo, o vender caro su amor para saber con quién se alía”.
Explica que a lo largo de la historia de la Junta de Gobierno el método de designación abrió espacio para que ahora los aspirantes presenten su proyecto académico que es al mismo tiempo un proyecto político, de manera que “no veo que la Junta promueva encuesta y otro método para la elección” del rector.
Indica que la disputa por la UNAM se debe a que la institución se convirtió en un referente político con funciones académicas y le da la razón al presidente López Obrador cuando hace reclamos a la universidad.
“El presidente no lo expresa con el cuidado necesario para que las comunidades académicas percibamos que lo que está gritando es que cuestionemos, si la investigación, si están ayudando a la solución de problemas serios del país”.
En ese reclamo, agrega, hay quienes observan la necesidad de disputar a través de los grupos políticos el poder en la institución.
“El rector de la UNAM en el país es prácticamente un secretario de Estado, pero con autonomía. El poder del rector es enorme, igual es limitado en el sentido que hay intereses que no puede tocar y cosas a las que deben renunciar dependiendo del contexto en el que se encuentra”.
Considera que la Universidad necesita en este momento un proyecto académico que impulse una transformación, revitalizarse académicamente sin descuidar lo logrado, puesto que en el pasado hubo rectores que garantizaron la paz social y no privilegiaron el proyecto académico.
Hugo Casanova Cardiel, investigador del Sistema Educativo y coordinador del Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes en la UNAM, dice que la compleja relación de la institución con el gobierno federal invita a cuidar que “la mala relación no interfiera en la decisión que deben tomar los universitarios”, dado que existe un “ambiente desestabilizador”.
Destaca que la sola integración de la Junta de Gobierno, por primera vez con mayoría de mujeres (ocho) frente a los siete hombres, hace posible una visión sobre lo que será el futuro de la institución.
Respecto a la propuesta de abrir el proceso a encuestas o votación entre los universitarios, Casanova Cardiel afirma que la palabra adecuada podría no ser democratizar, porque el campus no es un Polís, no es un Estado, por lo tanto, calificó como un error cambiar las reglas, “no es oportuno”.
“Cambiar las reglas es riesgoso, hay quienes digan que no hay oportunidad de cambiar las reglas en otro momento (…), pero tampoco es momento para incorporar ocurrencias”.
A pesar de que indica que nunca será inoportuno discutir los problemas que le atañen a la institución, enfatizó sí es posible generar una apertura en el proceso de sucesión en los órganos de representación de la comunidad, como el Consejo Universitario y los consejos académicos de área.
Recuerda que hace ocho años, en un ejercicio que no se encuentra formalizado, los aspirantes se presentaron ante los medios de comunicación de la institución: TV UNAM y la Gaceta para presentar sus propuestas.
Pero más allá de buscar esos espacios consideró que “la Universidad no puede estar en el centro de la disputa política. La Universidad tiene un compromiso con la nación, con la sociedad, con su vocación púbica”.
El investigador asegura que la Universidad no elude el debate político ni se niega a reconocerlo en términos del análisis, pero sí busca despartidizar su presencia. “No estamos en contra o a favor. Ahí el debate nos ha contaminado, porque entenderíamos ahora que es la participación de las distintas fuerzas las que quieren poner al rector, el que más les parezca como sucedió en el INE o en la Suprema Corte de Justicia, que movieron manos que buscaban o vetar a candidatos o impulsar a otros”.
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Indica que en el debate por construir un liderazgo “en la universidad necesitamos que la Nación nos devuelva la confianza, que saque las manos del proceso y permita que sea el saber y las instituciones existentes las que construyan la decisión. Se vale que nos recomienden cosas porque los universitarios sí escuchamos, pero también orientamos las decisiones bajo la guía del saber y el compromiso de la sociedad, no nos mandamos solos”.
Advierte que los universitarios “tampoco van a permitir que haya propuestas malas, candidaturas que no cumplan con una condición académica potente, una perspectiva política inteligente y sensibilidad social clara (…), porque no queremos una Universidad distante del gobierno nacional, pero tampoco podemos aspirar a una universidad sometida ante el gobierno nacional”.
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