De 2006 a la fecha, 46 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, de las cuales 16 eran mujeres y cinco personas más permanecen en calidad de desaparecidas, por lo que se requiere implementar políticas públicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra estos activistas.
Así lo expuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien subrayó la importancia de proteger y no criminalizar ni estigmatizar a los activistas, “cuyo trabajo sustituye en muchos sentidos las obligaciones que originalmente corresponden al Estado”.
En el marco de la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensor@s de derechos humanos”, destacó la necesidad de proteger a estas personas de las agresiones, crímenes y abusos en su contra, como homicidios, intimidación, amenazas, campañas de desprestigio, iniciación de acciones judiciales y controles administrativos. En dichas agresiones podrían estar involucrados servidores públicos de todos los niveles de gobierno, así como personas que actúan en su nombre, con el objetivo de silenciar o debilitar sus denuncias para que los autores de violaciones a derechos humanos queden impunes, expuso mediante un comunicado.
Detalló que las entidades con mayor número de homicidios de personas defensoras son Chihuahua con 14 casos, Guerrero con seis, Oaxaca con seis, Veracruz con tres y Sinaloa con dos, lo cual, consideró, debe significar una alerta para las autoridades.
“Ante ese panorama, esta Comisión Nacional destaca la importancia de que las autoridades ataquen esos problemas y expresen su compromiso inalterable, como el de todos los actores involucrados, para asegurar que las personas defensoras gozan de los derechos universalmente reconocidos”, puntualizó.
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