Un grupo de cuatro hombres con palas rellena una camioneta de tierra a plena luz del día. Le llaman tierra de monte, tierra de hoja, tierra virgen o tierra negra. Su intención es sencilla: venderla en pequeños costales en las ciudades, donde cada vez más personas de todas las generaciones gustan de llenar sus espacios con plantas de ornato o pequeños huertos.

En los tianguis, supermercados, pequeñas florerías locales y en Internet su precio por kilogramo ronda los 10 pesos, pero aumenta de acuerdo con los químicos agregados. Algunos establecimientos la ofrecen por metros cuadrados para jardines completos.

Lo que muchos ignoran es que la extracción de tierra sin un permiso de las autoridades es un delito ambiental tipificado en el Código Penal Federal o la Ley General de Bienes Federales, entre otros ordenamientos. Su extracción indiscriminada provoca problemas medioambientales que dañan la calidad de vida de las personas, sus contextos sociales y hasta culturales.

La Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM advierte que la tierra de monte es un recurso vital del suelo de los bosques que tarda cientos de años en formarse. Su extracción promueve la devastación y, por ello, hace un llamado a la población a evitar comprarla.

En entrevista con El Sol de México, Alfonso Reyes, maestro en Ciencias y académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI), explica que la tierra es fundamental para sostener la vida, pues provee de nutrientes a la vegetación y alberga una gran cantidad de organismos. Si le quitamos estos elementos a los bosques todos quedamos desprotegidos.

“Si ya no tenemos árboles, entonces tampoco hay recarga de acuíferos, y si ya no tenemos esta cubierta vegetal entonces el suelo se erosiona y ya empezamos a ver un proceso de desertificación progresivo”, dice.

Pero no toda extracción de tierra es ilegal. Las autoridades municipales municipales y estatales pueden emitir permisos ya sea de uso agrícola, forestal, urbano o mercantil. Sin embargo, si la tierra proviene del bosque, entonces sí debe contar con autorización de las autoridades federales.

Datos obtenidos por El Sol de México mediante una solicitud de información refieren que del año 2000 al 2021 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó un total de 301 autorizaciones para el aprovechamiento de la tierra en 16 estados. Sin embargo, sólo 35 de estas tienen una vigencia activa para lo que resta de este año y hasta 2025.

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Sergio es uno de los cuatro hombres dedicados a la venta de costales de tierra, de la negra, de hoja, de pino y fertilizantes químicos. Además ofrece servicios de diseño, construcción y mantenimiento de jardinería. Como en el caso de muchos comerciantes en la Ciudad de México, la tierra que vende para abastecer a un creciente mercado en la capital del país, proviene en su mayoría del municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos, o en la alcaldía de Tlalpan en la capital del país.

Lo que ocurre en ambos lugares muestra las consecuencias de la extracción de la tierra.

De acuerdo con cifras de la Global Forest Watch, una plataforma que monitorea el estado de los bosques en el mundo, del año 2001 al 2020 Huitzilac perdió 23 hectáreas de cobertura arbórea, equivalente a 10.5 toneladas de dióxido de carbono (CO2), recurso indispensable para la vida en la tierra; mientras que Tlalpan perdió en el mismo periodo 50 hectáreas de cobertura arbórea, equivalente a 27.8 kilo toneladas de CO2.

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Alfonso Reyes explica que los que generan un impacto verdadero en el medioambiente no son las comunidades, sino aquellos grandes deforestadores del suelo. “Tienen intereses económicos muy poderosos y también tienen la fuerza para inhibir cualquier queja social, incluso fuerza de armas”, asegura.

Es justo aquí donde entra la competencia que tienen las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y castigar estos delitos. Pero los datos no son nada positivos.

De acuerdo con diversas solicitudes de información presentadas por este medio a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR), del año 2000 al 2021 la primera recibió 231 denuncias por extracción ilegal de tierra, principalmente en la zona centro del país; en contraste, la segunda abrió sólo 65 carpetas de investigación o averiguaciones previas por el mismo delito, lo que derivó en la detención de 25 personas.

Los datos indican que sólo en dos procesos (ambos en la actual administración) se consiguieron dos sentencias condenatorias en procedimiento abreviado (un juicio que se desahoga de forma expedita); mientras que la gran mayoría (42 carpetas de investigación o averiguaciones previas) no pasaron ni siquiera de la primera etapa.

Del año 2009 al 2019, la FGR concretó diversos aseguramientos de tierra forestal al recuperar 139.7 metros cúbicos de tierra de monte y tierra de hoja, lo que equivale a unos 20 camiones de volteo pequeños.

“Extraer unos cuantos kilos, pues a lo mejor el bosque es tan productivo que en unos cuantos meses lo recupera fácilmente, pero si extraemos toneladas, camiones enteros y camiones de tierra, ahí sí la cosa cambia. Si bien es un delito (también) depende el tamaño del impacto”, dice Reyes.

Justo en este punto radica el verdadero problema, pues muchos de los consumidores finales de la tierra son, en su mayoría, pequeños empresarios que emprenden locales de plantas y que compran al por mayor costales de tierra que van de los cinco a los 60 kilos de tierra o personas que compra unos cuántos kilos de tierra para sus plantas.

De acuerdo con la información obtenida mediante solicitudes de transparencia, la Profepa, la Subprocuraduría de Recursos Naturales ha aplicado 52 infracciones por este delito por un millón 150 mil 673.5 pesos del año 2000 a 2018, que es el último registro; sin embargo, estas multas se concentraron únicamente en dos entidades de la República Mexicana: el Estado de México y Ciudad de México.

Sólo en la Ciudad de México se impusieron 39 infracciones por un millón 83 mil 982 pesos; en el Edomex se aplicaron 13 multas por 66 mil 655.5 pesos.

Por alcaldía en la capital del país y el estado vecino destacan Tlalpan con 20 multas, Naucalpan, con siete, Coyoacán, cuatro, Cuajimalpa y Nicolás Romero, con tres y Milpa Alta, dos.

Sin embargo, la multas más significativas se aplicaron en Naucalpan, con un total de 353 mil 739, seguido por Tlalpan, con 256 mil 810 y Coyoacán, con 253 mil 84 pesos.

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María es una de los cientos de pequeños empresarios que se dedican a la llamada “arquitectura del paisaje”. Desde hace más de 20 años tiene su propio negocio de plantas y tierra y, como Sergio, también se provee de los recursos de la periferia de la ciudad. Para ella no existe otra opción que no sea la tierra. Más en estas épocas del año, cuando los fuertes fríos hacen necesaria una mayor protección y mantenimiento de los espacios verdes.

“La composta sí (es opción), pero tarda. De aquí a que la juntas, la pudres, en lo que se va procesando... de hecho tengo un cliente que me viene a comprar la tierra para revolverla con lo que ya tienen ellos, lo que saquen, pero lo revuelve. No (usan) nada más lo puro orgánico”, dice en entrevista con El Sol de México.

Para conservar las plantas y los jardines sin recurrir a la tierra hay alternativas con un impacto mínimo en el medio ambiente. La UNAM, a través del Programa de Manejo Integral de Residuos de la FES Iztacala, propone generar composta desde las casas para, de paso, aprovechar los desperdicios de las personas “Desde el 2014 intentamos educar a la gente para que separen los residuos, la basura, hay una política de basura cero, desafortunadamente implementarla no es tan sencillo

[...] La basura cero implica que los residuos nunca se mezclen, que se separen y a cada uno de ellos se le pueda dar un destino para reciclaje”, explica nuevamente el profesor Reyes, encargado también de este programa.

“Estamos tratando de mostrarle a la gente que separar los residuos tiene un beneficio. A mí ya se me quitó la idea de decirles que es un beneficio ecológico y que para los nietos y para respirar mejor.

Eso no ha funcionado como debería ser ¿Qué funciona? Decirle a la gente: mira, vamos a hacer composta, yo te enseño.

¿Para qué? Para que tengas hortalizas y las hortalizas te las puedas comer, las puedas vender, y ahora sí tendrían una utilidad económica”, dice.

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Otra alternativa, tomando en cuenta la enorme cantidad de gente que necesita generar ingresos para su hogar, puede ser la lombricomposta o el impulso de una política pública (que de hecho ya existe) que pague por servicios ambientales.

“Si la comunidad protege al bosque, lo mantiene más o menos estable, sin tanta extracción de recursos, entonces el gobierno puede darles dinero, pagarle porque estos servicios que ofrece el bosque se sigan manteniendo”. En otras palabras: cuidar el planeta y generar empleos. Todo al mismo tiempo.