El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez informó que a partir de información solicitada a las procuradurías y fiscalías federal y estatales, el número de mujeres víctimas de trata de personas en México representa el 85 por ciento del total de las víctimas, siendo las mujeres adultas las que representan el 64% de las víctimas.
Al participar en la presentación del libro “Trata de Personas. Un acercamiento a la realidad nacional”, el ombudsman nacional recalcó que la trata de personas y las diversas modalidades de explotación que derivan de ésta, se encuentran arraigadas en profundas causas estructurales como la discriminación, la violencia de género, la falta de acceso a las oportunidades, la corrupción y la desigualdad.
De acuerdo al Reporte Global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018, publicado hace unas semanas, señala que, de las más de 24 mil víctimas detectadas en 2016, la mayoría siguen siendo mujeres (72%) y que, aunque las víctimas sean principalmente mujeres mayores de dieciocho años, el número de niñas está en aumento.
“Datos obtenidos por este Organismo Nacional a partir de información solicitada a las procuradurías y fiscalías federal y estatales nos señalan que el número de mujeres víctimas de trata de personas en México identificadas es aún mayor, representando el 85% del total de las víctimas”, indicó.
Indicó que a nivel global, los países están detectando y reportando más víctimas, también están sentenciando a más tratantes, nos señala el citado Reporte, pero el número de personas que terminan en procesos de esclavitud y explotación no disminuye, por el contrario va en aumento.
González Pérez recalcó que se han observado que las modalidades y formas de enganche y sometimiento se van haciendo más complejas y, sobre todo, más violentas.
“Lo anterior quiere decir que las estrategias represivas por parte de los Estados, no han sido la solución principal, y que es imperante promover la urgente necesidad de abordar la trata de personas en su dimensión de violación a derechos humanos, lo cual implica identificar las formas en que éstos se vulneran a lo largo del ciclo de la trata de personas y las diversas modalidades de explotación que deriva de esta, así como las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional”.