La Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas (RAIEC), junto con 85 organizaciones firmantes hicieron un llamado urgente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a evitar desechar las 35 normas oficiales federales en salud, “dado que podría tener consecuencias devastadoras para las personas y la sociedad en general”.

Al hacer un pronunciamiento organizaciones como la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), la Federación de Educadores en Diabetes de México, la Casa para la Amistad para niños con cáncer, AHF México, Fundar y Cero Desabastto, entre otras, demandaron a las secretarías de Economía y Salud, al Comité Consultivo de Normalización de Salud Pública, a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, 12 acciones para suspender la cancelación de las normas.

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El pasado 1 de junio, la Secretaría de Economía publicó el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 en el que se propuso cancelar 35 normas que establecen criterios para prevenir, diagnosticar y atender padecimientos como el cáncer de mama, cérvico uterino, la obesidad y el sobrepeso, enfermedades de transmisión sexual y hasta el apoyo a la lactancia materna.

El documento difundido por las organizaciones plantea suspender el proceso de cancelación de las NOM hasta no entablar conversaciones con grupos de pacientes y evaluar el impacto real en la calidad y atención integral de las personas que viven con sobrepeso y obesidad, dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, crecimiento prostático benigno y cáncer de próstata, entre otros.

Indicaron que la eliminación de las NOM no abona a mejorar la pertinencia de los montos que se asignan al sector salud. Se destina 2.8 por ciento del PIB al sector, pero la recomendación internacional es de al menos 6 por ciento del PIB y se han observado recortes al presupuesto aprobado.

Informaron que los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) destinados a cubrir enfermedades catastróficas fueron de sólo 2.8 mil millones de pesos en 2021 (71 por ciento menos que el promedio del sexenio pasado).

Pidieron explicar con claridad y transparencia la justificación para iniciar el proceso de cancelación de acuerdo con lo que indica el artículo 41 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y cómo esta decisión beneficiaría la atención integral de las personas que viven esos padecimientos.

Demandaron clarificar el proceso, así como transparentar el sentido de los votos y argumentos sobre la cancelación de todos los miembros del Comité.

“Crear grupos de trabajo por área terapéutica impactada, según el Artículo 15 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, donde organizaciones de pacientes con experiencia en los temas a tratar, asociaciones médicas, expertos y centros de estudios sean convocados con la finalidad de intercambiar información e iniciar el proceso de actualización”.

Para ello la convocatoria tendría que ser pública y ampliamente difundida con la finalidad de que los interesados presenten su solicitud por escrito.

Las organizaciones también exigieron a la Cuatroté garantizar que las opiniones de todos los actores involucrados sean consideradas antes de cerrar el proceso de cancelación de las normas.

En el caso de la Secretaría de Salud se pidió explicar cómo se protegerá y brindará atención integral de calidad por parte de los sectores público y privado a las personas que viven con enfermedades crónicas degenerativas.

Al mismo tiempo demandaron conocer cuáles serán los referentes para los servicios que se brindan en el sector público y privado, para que tanto a profesionales médicos como a usuarios de los sistemas de salud se les garantice y otorgue certidumbre jurídica, responsabilidad profesional, cuáles serán los parámetros para la toma de decisiones y enfoques para la atención basados en la evidencia científica, así como las garantías de seguridad al paciente.

Manifestamos nuestra profunda preocupación por la intención de cancelar diversas normas vigentes en el sector salud, entre las cuales se encuentran varias relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles

Organizaciones que demandan aplazar el retiro de las NOM

Población quedará desprotegida

El Sol de México publicó el pasado miércoles que sin las NOM de Salud se deja sin herramientas jurídicas a la población, sobre todo a la vulnerable, para recibir y denunciar cuando existe un incumplimiento en los servicios de salud.

En el caso de las unidades de alta especialización demandaron conocer cómo se destinarán los recursos presupuestales para la atención integral de los programas que responden a las normas que se pretenden cancelar.

Mientras al Congreso de la Unión solicitaron explicar la motivación para incluir en el programa de trabajo la cancelación las NOM para atender padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer de próstata y mama.

En especial a los diputados también les solicitaron “garantizar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 disponga de los recursos necesarios para que las instituciones públicas cumplan con los parámetros establecidos en las normas”.

En caso de que se concrete la intención de cancelación, que las áreas terapéuticas impactadas cuenten con los programas integrales, de calidad, eficiencia, eficacia y los recursos financieros que garanticen su implementación y sean de carácter obligatorio.

Las organizaciones aseguraron que la voz del paciente cuenta y se debe priorizar la participación ciudadana, así como la consulta a los expertos, en todos los procesos regulatorios que tengan posibles consecuencias para la salud de los mexicanos.

Ante las críticas lanzadas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, las organizaciones afirmaron que “no estamos sujetas a ningún tipo de actividad partidista ni tenemos ningún tipo de interés comercial”.

Indicaron que la cancelación de las normas no puede ocurrir sin evidencia científica ni un plan claro, porque aumenta el riesgo de incrementar la prevalencia y las complicaciones de estas enfermedades, causando sufrimiento innecesario e, incluso, la pérdida de la vida.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la intención de cancelar diversas normas vigentes en el sector salud, entre las cuales se encuentran varias relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles.

Insistieron que las normas son regulaciones obligatorias dictadas por la Secretaría de Salud para garantizar el derecho humano a la protección de la salud y con ellas se pueden prevenir y gestionar de manera efectiva los padecimientos y mejorar los resultados para las personas que viven con esas enfermedades.

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Describieron que las NOM son, al mismo tiempo, un referente para establecer el presupuesto público para el sector salud, especialmente para la atención de los padecimientos que regulan. “Si se eliminan estas normas se correrá el riesgo de subestimar las necesidades presupuestales del sector salud y agravar las carencias en la atención médica”.