La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenó de manera enérgica recientes casos de violencia contra periodistas ocurridos en el país, como el homicidio de la locutora de radio Teresa Aracely Alcocer, conocida en sus programas como “Bárbara Greco”, ultimada el pasado miércoles 18 de febrero, cerca de su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
También reprobó el secuestro del Director General de la Revista Perfil, Adrián Fernández Guerra, privado de su libertad ese día en un establecimiento ubicado sobre el Boulevard Benito Juárez, en el centro de Cuernavaca, Morelos. Los sujetos que se lo llevaron, además dieron muerte a balazos a un elemento de seguridad del lugar.
El organismo nacional relata también que el 11 de febrero pasado, el periodista Alberto Carmona, perteneciente al medio Piñero de la Cuenca, fue brutalmente golpeado por elementos policíacos de la Fuerza Civil en el municipio de Isla, Veracruz, en el momento en que daba cobertura a una manifestación de vecinos frente a la base de la Guardia Nacional, movimiento que fue disuelto a balazos.
Ese mismo día, en otro hecho violento, resultaron golpeados fotógrafos y reporteros, atacados por personas que pretendían evitar una sentencia judicial en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en la capital de Oaxaca.
Ante esta situación, la CNDH reiteró su preocupación por la falta de mecanismos idóneos de las autoridades para prevenir y evitar homicidios y agresiones de periodistas y personas que trabajan en los medios de comunicación, ataques que buscan inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.
“Este Organismo Nacional condena la violencia contra los comunicadores en todas sus formas, fenómeno que constituye uno de los principales obstáculos para que nuestro país se consolide como una democracia, por lo que urge que las autoridades de los tres niveles de Gobierno se aboquen en la prevención, protección e investigación oportuna de estos hechos”, señala.
Destaca que observará con atención la evolución de los acontecimientos y de las investigaciones que realicen las autoridades competentes para dar con las personas responsables, presentarlas ante la justicia y que reciban el castigo que en derecho corresponde, a fin de que estos casos no queden en la impunidad.