El gobierno federal publicó la tarde de este viernes el decreto por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual obliga a los mexicanos a entregar datos personales y biométricos en los próximos dos años para poder conservar su línea y tendrá un costo de 109.8 millones de pesos para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el primer año.
“El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil”, dice el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
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El lunes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que los operadores móviles recaben datos privados de los usuarios así como su huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma.
Tras la publicación de este decreto, que entra en vigor este sábado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene seis meses para expedir las disposiciones administrativas de carácter general, mientras que los operadores tienen dos años para recabar la información de los usuarios y entregarla al regulador.
Será el IFT el encargado de crear y resguardar la base de datos con toda la información de los usuarios de telefonía móvil en el país, la cual estará a la disposición de las autoridades judiciales en cualquier momento.
Para ello, el Instituto estimó en 109.8 millones de pesos el impacto presupuestal para la implementación de la reforma en el primer año, que es el costo de personal, oficinas, equipo de cómputo, conexión a internet, servicios generales y servicios complementarios, así como 88.5 millones de pesos adicionales cada año para su funcionamiento.
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La reforma tiene la intención de combatir el delito de extorsión telefónica en el país, que se da particularmente desde los centros penitenciarios.
Sin embargo, diversos especialistas han señalado que esta reforma viola derechos como el de la comunicación, la privacidad y el de presunción de inocencia, ya que a los usuarios que se nieguen a entregar sus datos se les cancelará el servicio, las autoridades judiciales podrán investigar líneas sin necesidad de una orden, y un usuario puede ser acusado si se comprueba que hubo una llamada de extorsión desde su línea aunque él no la haya hecho.
Ante esta situación, organismos como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron que habrá una lluvia de amparos así como la posibilidad de controversias constitucionales tras la publicación de esta reforma.
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