Eufrosina Cruz, impulsora de la reforma que permite penalizar con hasta 22 años de cárcel el matrimonio infantil o cohabitación forzada, advirtió que no basta con que la ley haya sido promulgada, pues ahora se necesita homologar los 32 códigos penales locales, establecer los protocolos en las fiscalías para la recepción de denuncias y desplegar campañas para su óptima aplicación.
“No basta que esté (tipificado) en la ley, ahora le toca al gobierno, a los tres niveles de gobierno, hacerlo política. Que en cada rincón de este país llegue el mensaje, llegue la voz para que las niñas sepan que ya hay un instrumento legal que las abraza, que las va a proteger”, dijo la diputada federal del PRI en entrevista con El Sol de México.
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De acuerdo con la activista, “le toca al Estado mexicano accionar la iniciativa” y confió en que su implementación sea rápida y no lleve más de uno o dos años.
El pasado 25 de abril, se promulgó la modificación al Código Penal Federal para castigar dicho delito con penas de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días multa, las cuales aumentarán hasta en una mitad si la persona afectada es afromexicana o indígena.
Le toca al Estado accionar contra matrimonio infantil
¿Por qué es importante esta reforma?
Porque (el matrimonio infantil) estaba prohibido, pero no sancionado y todos los días en este país se sigue casando a las niñas en contra de su voluntad en nombre de la cultura, de las buenas costumbres, y luego vivimos un país en donde abigeato es delito grave o tener una mascota exótica, pero los matrimonios infantiles no, porque estaba invisibilizado, porque nadie quería ponerlo en la agenda, en el debate, porque se había normalizado, porque todo se había amparado en el uso costumbre en las comunidades indígenas.
Esto no solamente sucede en las comunidades indígenas, sino en muchas partes del país, en las grandes ciudades, en nuestras colonias marginadas, por eso es tan importante señalarlo y que se tipificara como delito grave, porque es una violación al cuerpo de una niña, un ultraje, y con ello va implícita la trata de menores, por eso era importante tipificarlo en el Código Penal Federal de nuestro país.
Comenta que el matrimonio infantil es una práctica normalizada en el país, ¿qué tan común es que suceda?
Según datos, son 38 niñas (que) todos los días en este país son obligadas, entregadas en matrimonio, o sea, son prácticas normalizadas que nadie había visibilizado.
Con la adición al Código Penal Federal, ¿el sistema de justicia mexicano está preparado para atender estos casos o necesitará una capacitación?
No debiese prepararse, es su obligación poner en la agenda de justicia a las niñas y a los niños, o sea, no debiese haber (existido) una reforma al Código Penal como delito grave, es un delito al final del día, pero vivimos en un país en donde hasta que la ley no lo dice no se acciona.
Porque no basta que esté en la ley, ahora le toca al gobierno, a los tres niveles de gobierno, hacerlo política. Que en cada rincón de este país llegue el mensaje, llegue la voz, para que las niñas sepan que ya hay un instrumento legal que las abraza, que las va a proteger.
Ahora, nos toca a todas y a todos como sociedad gritarlo y difundirlo. No basta con que esté hoy ya publicado en el Diario Oficial, pero es el pasito que se necesitaba para gritarlo y exigirlo a los tres niveles de gobierno. Que los estados homologuen sus códigos penales, que el DIF nacional y que los DIF estatales hagan su responsabilidad.
Habla de hacer política pública, ¿en qué consistiría?
Que ahora le toca al Estado mexicano hacerlo política pública, con salud, con la prevención, con las Fiscalías. Si hay casos, pues ahora sí hacer justicia, que se sancione a todos los involucrados. A través de instancias municipales, de todos los estados, hacer eslóganes. Entonces, ya le tocará al Estado mexicano hacer el diseño para que sea política pública.
En cuanto a las denuncias, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso?
Ahí va implícita también la política pública, ahora le toca al Estado mexicano accionar la iniciativa (para establecer) ante quiénes deben acudir las niñas a denunciar, quiénes son los primeros, quiénes van a asumir esta responsabilidad.
Una ley no basta con que se apruebe, ahora le tocará a las Fiscalías de los estados hacer todos estos protocolos para que las niñas sepan qué hacer y para que los familiares y todos los denunciantes sepan el camino.
El uso y costumbre que defendemos es la lengua y la vestimenta, pero no el ultraje, la violación al cuerpo de una niña
¿Qué va a pasar con las comunidades que se rigen por usos y costumbres?
Ahora se va a aplicar la ley. El uso y costumbre que defendemos es la lengua y la vestimenta, pero no el ultraje, la violación al cuerpo de una niña, ahí se acaba cualquier uso y costumbre, ahí se convierte en abuso y costumbre. Lo que va a pasar con las comunidades es que van a abrazar y cuidar a sus hijas, que nunca más van a obligar o van a intercambiar a niñas por otra situación.
¿En cuánto tiempo esperaría que se vieran los resultados?
Me gustaría (que esto se aplicara) pronto y rápido, pero ahora sí le toca al Estado, nos toca como sociedad, nos toca a todos los niveles de gobierno, a sector Salud, a Secretaría de Educación Pública, pero esas herramientas no las tengo a la mano, las tiene el Estado mexicano. Pero ahí vamos estar vigilantes de que se aplique, por supuesto.
¿No esperaría que pasara de cuánto tiempo?
Sería una irresponsabilidad decir un año o dos años, tiene que ser menos, pero depende del Estado mexicano aplicar las reformas. Depende del sistema de justicia, pero ahí vamos a estar (vigilando), si no lo van a hacer cumplir, para eso también vamos a estar como activista, como política, estando en política o no estando en la política, pues es parte de mi lucha de todos estos años.
Eufrosina Cruz indicó que contrario a la percepción generalizada, el matrimonio infantil no sólo ocurre en las comunidades indígenas, sino también en las colonias marginadas de ciudades como Monterrey o en la capital del país.
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Según los datos de nupcialidad del INEGI, en 2021 este tipo de uniones ocurrieron principalmente en Durango, con 14 casos; Chihuahua, con nueve; Michoacán, con cinco; Sonora y Puebla, con cuatro. En el resto del país se registraron al menos otros 12 casos.
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