Luego de 12 años desde que inició la estrategia de enfrentamiento contra el crimen organizado, las víctimas colaterales, como las llamó en su momento el ex presidente Felipe Calderón, siguen aumentando. De acuerdo con cifras de la organización Red por los derechos de la infancia en México (Redim), suman 11 mil niños, niñas y adolescentes asesinados desde 2006 hasta 2017 y seis mil 800 menores desaparecidos por la lucha contra el narcotráfico.
En su mayoría, los menores han sido asesinados por el fuego cruzado en los enfrentamientos entre delincuentes y policías, Ejército, Marina y Policía Federal, por lo que especialistas sostienen que el Estado Mexicano, mantiene un patrón de silencio, vacíos institucionales y retrocesos legislativos frente a esta situación.
Redim, quien año con año da a conocer cifras de menores desaparecidos y muertos en la lucha contra el narcotráfico, plantea que desde 2010, cada 36 horas un niño o adolescente es ejecutado en México y su muerte está vinculada a la lucha contra el crimen organizado.
La víctima más reciente fue el de Tadeo, un bebé de ocho meses de edad que murió en Jalisco a causa de las quemaduras que sufrió cuando miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación quemaron el autobús en el que viajaba junto con su madre, quien sobrevivió, aunque todavía se debate entre la vida y la muerte.
“A pesar de los números, la mayoría de los casos de violencia y crimen que involucran y tienen como víctimas a menores pasan desapercibidos”, afirmó Juan Martín Pérez, de la Redim quien advierte que sólo destacan algunos casos gravísimos, muy duros, que logran indignar o movilizar a la población.
Refiere que en la mayoría, estos crímenes ha quedado en la impunidad ya que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de cada 100 carpetas de investigación que involucran a algún niño o niña como víctima, sólo tres alcanzan sentencia condenatoria.
PRUEBA DE FUEGO PARA LEY DE DESAPACIONES FORZADAS
El 16 de enero pasado, entró en vigor la Ley General sobre Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, no obstante, organizaciones de la sociedad civil, como el Comité Cerezo, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” y el Comité de Solidaridad, señalan que hay un retraso por más de 17 años y con 7 años de retraso respecto al cumplimiento de una de las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre desaparición forzada de la ONU.
Entre los casos que están pendientes por este tipo de hechos, están: la desaparición forzada de siete jóvenes el pasado diciembre en Chilpancingo, Guerrero, por parte de la Policía Estatal, la falta de verdad y de justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En días pasados se dio a conocer un video en el libramiento de Monterrey a Matamoros, donde una mujer, a bordo de su automóvil perdió el control al quedar en medio del fuego cruzado y se impactó contra un poste, la madre perdió la vida, mientras que sus dos hijos, sobrevivieron al accidente, al ser protegidos por elementos policiacos.
Otro caso es el ocurrido el 24 de marzo pasado marinos dispararon desde el helicóptero contra una familia, causando la muerte de tres de sus integrantes. La Semar asumió la responsabilidad de los hechos en los que los miembros de una familia fallecieron en medio de un enfrentamiento entre marinos y civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
SIN CLARIDAD EN CIFRAS: REDIM
En su reporte del 2017, Redim señala que no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un subregistro de casos de desapariciones, y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (RNPED) dependiente de la Secretaría de Gobernación,
Sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas.
Según cifras oficiales, niñas, niños y adolescentes corren más riesgo de ser desaparecidos si se encuentran entre los 13 y 17 años; 8 de cada 10 niñas y jóvenes reportadas como desaparecidas se encontraban en ese rango de edad, en varones, esta proporción es de 7 de cada 10.
Redim indica que el Estado de México es la entidad que registra mayor número de desapariciones en el país. Una de cada 4 desapariciones ocurren en esta entidad, a julio de 2017 se registran 1,498 casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México; Puebla con 647 registros (10.6%), Tamaulipas 572 casos (9.4%), Nuevo León 424 casos (7.0%). Cabe destacar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ocurrieron el 72.3% de las desapariciones de niñas niños y adolescentes, de las cuales 812 ocurrieron en 2017.
Cabe mencionar que el Gobierno federal en 2015 creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), así como las procuradurías de defensa del menor, sin embargo, a la fecha se desconocen de los resultados de éstas.
