Brasilia.- El Parlamento brasileño ha garantizado a la OEA queel juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff se ajustacabalmente a la Constitución, bajo supervisión de la CorteSuprema, y ha ratificado que su fase final empezará estejueves.
Las garantías sobre la constitucionalidad del proceso constanen documentos remitidos hoy a la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (CIDH), ante la cual el Partido de losTrabajadores (PT) ha denunciado el proceso como un intento de"golpe de Estado".
El partido de Rousseff, suspendida de sus funciones desde mayopasado para responder a un juicio político, ha pedido a la CIDHque ordene suspender el proceso mediante una medida cautelar, porlo que ese organismo pidió explicaciones sobre el trámite alGobierno que preside interinamente Michel Temer.
El Ejecutivo delegó la respuesta en las cámaras de Diputados ydel Senado, responsables del proceso, que explicaron en sendosdocumentos cómo se ha desarrollado el juicio y garantizaron sumás absoluto apego a la Constitución brasileña.
El proceso ha cumplido con "todos los preceptos constitucionalesy legales" previstos "en la Constitución de la RepúblicaFederativa de Brasil de 1988, por intermedio de los parlamentarioselegidos por el pueblo", dice el documento preparado por elSenado.
En el mismo sentido se manifiesta la Cámara de Diputados, queen la comunicación remitida a la OEA dice que "no se puede hablarde ninguna irregularidad o inconstitucionalidad" en un proceso queha sido realizado por el Parlamento y supervisado por la CorteSuprema, en su carácter de tribunal constitucional.
Ambas cámaras pasan revista a los trámites, aseguran que sehan respetado el "debido proceso" y el más "amplio derecho a ladefensa" y explican el desarrollo de la fase final que empezará eljueves, que será dirigida por el presidente de la Corte Suprema,Ricardo Lewandoswki.
Asimismo, detallan las acusaciones contra Rousseff, referidas ala emisión de tres decretos que alteraron los gastos sin la debidavenia del Congreso y la contratación de créditos en favor delEstado con la banca pública, todo lo cual está vedado por lalegislación.
También señalan que, antes de la votación final del proceso,que está prevista para mediados de la semana próxima, la propiaRousseff tendrá derecho, el lunes, a presentar una vez más sudefensa, pero ahora en forma personal.
Según el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, frente al"estricto respeto a la Constitución" con que se ha desarrollado eljuicio político, la solicitud del PT a la CIDH "no tiene cabida",es "improcedente, impropia y carece de fundamento constitucional,legal o de jurisprudencia".
La CIDH está dirigida ahora por el abogado Paulo Abrão, quienfue secretario nacional de Justicia en el Gobierno de Rousseff y esel primer brasileño al frente de ese órgano en sus 56 años dehistoria.
Durante la gestión de Rousseff, hubo tensión en la relacióncon la CIDH, de la que Brasil retiró su representante tras unasduras críticas al proyecto de construcción de una represa en laAmazonía defendido por la mandataria.
En abril de 2011, mediante una cautelar similar a la que ahoraha pedido el PT, la CIDH ordenó la inmediata paralización de laobra, pero Rousseff ignoró esa decisión, la construcción siguióy Brasil hasta suspendió sus contribuciones financieras con eseorganismo.
A esas tensiones aludió la semana pasada en una entrevista conEfe en Washington el mexicano Emilio Álvarez Icaza, antecesor delbrasileño Abrão en la secretaría ejecutiva de la CIDH.
"Cuando llegué a la CIDH (en 2012), Brasil era uno de lospaíses más fuertes atacando a la Comisión porque esta habíaemitido una medida cautelar sobre la represa de Belo Monte, que eracomo el proyecto insignia de Rousseff", declaró ÁlvarezIcaza.
"Es tan irónico que si a mí me hubieran dicho, oye mira, encuatro años, esta que es la mayor amenaza te va a pedircautelares, yo les hubiera dicho 'ya no fumen esto que estánfumando'", apuntó el funcionario mexicano.
/RPE