LOS ÁNGELES. Una coalición de fiscales generales de varios estados de Estados Unidos salió en defensa de los derechos humanos de los menores retenidos por las autoridades de inmigración en centros de detención.
Los procuradores, liderados por el fiscal general de California, Xavier Becerra, firmaron un documento de apoyo legal ("amicus brief") a la demanda en contra del gobierno del presidente Donald Trump para que cumpla el Acuerdo Flores.
Bajo este acuerdo judicial, que data de 1997 y es producto de un litigio emprendido por dos organizaciones humanitarias, las autoridades no pueden retener a menores de edad inmigrantes por más de 20 días y deben estar detenidos en las condiciones "menos restrictivas" posibles.
"Todos los niños merecen ser tratados con cuidado y compasión, dignidad y respeto", dijo Becerra en un comunicado.
"Sin embargo, con cada día que pasa, la administración Trump roba a los niños, bebés e incluso a las madres embarazadas el acceso a los derechos humanos básicos", añadió el fiscal.
Las declaraciones del fiscal se dan en medio de denuncias de supuestos asaltos sexuales por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) a menores emigrantes detenidos en Arizona, según NBC.
El reporte de la televisora cita a una hondureña de 15 años, a la que, supuestamente, un "oficial grande y barbudo" le habría tocado sus partes íntimas durante una requisa, un hecho que habría ocurrido frente a otros inmigrantes y oficiales.
En febrero de este año, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) logró un acuerdo monetario tras la demanda de una inmigrante guatemalteca que fue agredida sexualmente por un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) en 2016. El gobierno federal acordó pagar a 125 mil dólares para que la joven abandonara el caso.
En el comunicado de ayer, Becerra subrayó que CBP está "incumpliendo flagrantemente sus obligaciones bajo el Acuerdo Flores", y que las autoridades federales le dan una "tarea peligrosa e irresponsable" a los agentes al poner a los niños bajo su cuidado.
El documento legal está firmado por los fiscales de California, Massachusetts, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maryland, Michigan, Minesota, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
