Según un artículo publicado por el Banco Mundial, en la actualidad hay más refugiados en el mundo que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Son alrededor 26 millones de personas que han sido desplazadas de sus hogares por la fuerza y han huido a otros países escapando de situaciones de fragilidad, conflicto y violencia (FCV), según datos del Foro Mundial sobre los Refugiados, celebrado en diciembre de 2019.
Según datos de la Acnur, 70.8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay casi 25.9 millones de personas refugiadas, más de la mitad son menores de 18 años.
Problema definido
Pero cada situación afecta diferente de acuerdo a los fenómenos que originan el desplazamiento humano. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y diferentes órganos de derecho internacional encuentran diferentes distinciones.
Lo que corresponde a situaciones internas corresponden a los desplazamientos internos, que según un documento de la ONU de 1992 lo define como “personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente”. Esta categoría jurídica surgió para tratar la situación de las personas desplazadas en Estados divididos de facto por conflictos internos.
Esta circunstancia también puede derivar situaciones en las que se reconoce como personas apátridas, donde según la definición legal internacional es “una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación”. En términos simples, esto significa que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. Algunas personas nacen sin estado, pero otras se convierten en apátridas.
La Acnur señala que la situación de los apátridias puede darse por varias razones, incluida la discriminación contra determinados grupos étnicos o religiosos, o por motivos de género; la aparición de nuevos Estados y las transferencias de territorio entre los Estados existentes; y vacíos en las leyes de nacionalidad. Cualquiera que sea la causa, la apatridia tiene graves consecuencias para las personas en casi todos los países y en todas las regiones del mundo.
En otra rama se reconoce a los refugiados, los cuales son personas que huyen de conflictos armados o persecución. Para finales del 2015, había 21,3 millones en el mundo. A menudo, su situación es tan peligrosa e intolerable, que cruzan fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos, y así, ser reconocidos internacionalmente como “refugiados”, con asistencia de los estados, el ACNUR y otras organizaciones. Ellos son reconocidos precisamente porque es demasiado peligroso para ellos el regresar a casa, y necesitan asilo en otros lugares. Estas son personas, a quienes negarles el asilo, puede traerles consecuencias mortales.
Según en el Foro Mundial sobre los Refugiados, se ha hecho hincapié que el 85 % de los refugiados son recibidos por países en desarrollo y que, luego de cinco años, las tres cuartas partes de los refugiados aún no han regresado a sus hogares. "Estos desplazamientos tan prolongados pueden ser devastadores", tanto para los países que los reciben como para los desplazados que se ven en la necesidad de cambiar su residencia.
A diferencia de los refugiados, los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar, o por otras razones.
Otro dato señala que cada dos segundos casi una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución.
Ejemplo centroamericano
En el caso de Centroamérica, la cifra de personas refugiadas y solicitantes de asilo del Norte de Centroamérica (NCA) ha aumentado en los últimos cinco años. El empeoramiento en el crimen y la violencia, fomentados por los carteles de drogas y las pandillas, son responsables por gran parte de este aumento, junto con la fragilidad institucional y la creciente desigualdad, según señala la Acnur.
En el caso de Nicaragua, desde 2018 la persecución política y las violaciones a los derechos humanos han provocado una nueva ola de desplazamiento a gran escala. En general, más de 470 mil personas han sido desarraigadas de sus hogares. Los países y comunidades de acogida en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá han estado haciendo todo lo posible para acoger a quienes se ven obligados a huir, más de 100 mil personas solamente en 2019, pero ese creciente número de personas en busca de un lugar seguro está sobrepasando la capacidad de las comunidades de acogida, lo que limita los servicios, ya sobrecargados, que también sirven a la población local.
Según el banco mundial "todos los refugiados, en especial las mujeres, quedan expuestos a niveles más altos de violencia y explotación. Los que buscan empleo a menudo encuentran pocas oportunidades y pueden verse obligados a trabajar de manera ilegal o en condiciones peligrosas".
Inversiones ¿ayudan?
El Banco Mundial, como parte de la decimonovena reposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF-19), se comprometió a invertir en los próximos en tres años dos mil 200 millones de dólares a un mecanismo para los refugiados y las comunidades receptoras, lo que constituye un nuevo incremento respecto de los dos mil millones de dólares asignados durante el ciclo anterior.
Si bien dicho mecanismo constituye la principal fuente de financiamiento para los refugiados y las comunidades receptoras en la AIF, se ve complementado por hasta mil millones de dólares provenientes de otros recursos de la institución, como la asignación destinada al mecanismo específico para países afectados por situaciones de FCV, que se duplicó al aumentar a 14 mil millones de dólares en el marco de la AIF-18. De cara al futuro, en el nuevo paquete de la AIF-19 se incrementa esta asignación a 18 mil 700 millones de dólares en apoyo a los países afectados por situaciones de FCV. También se espera que estos países reciban gran parte de los fondos de un nuevo mecanismo de financiamiento de dos mil 500 millones de dólares para impulsar al sector privado y generar empleo.
Pero tan sólo en México, las inversiones del gobierno para realizar la contención del flujo migratorio al país ha significado que se realicen fuertes inversiones, tanto en seguridad como en mejoramiento de infraestructura.
Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de 2019, el Instituto Nacional de Migración (INM) gastó casi 600 millones de pesos, más de 30 millones de dólares, casi un 50 por ciento más de lo aprobado para ese mismo periodo en los presupuestos. Un incremento que, según los expertos en migración y presupuesto consultados, se ha acentuado con el acuerdo planteado con la Administración Trump.
El INM, gastó 230 millones más, casi 12 millones de dólares, en los primeros cuatro meses. De este gasto extra, un 36 por ciento corresponde a asignaciones de vigilancia, un 23 por ciento a alimentos y limpieza, y casi un 5 por ciento a “traslados”, una etiqueta que incluye las deportaciones.
En los primeros tres meses de 2019, el INM adjudicó contratos de manera directa para abastecer de comida a los centros migratorios por un promedio de nueve millones al mes. Pero ya a finales de marzo, en pleno desarrollo de la crisis, el Instituto abrió dos licitaciones públicas para cubrir ese servicio el resto del año por un promedio de 24 millones al mes, cerca del triple mensual.
En este ejemplo, sólo México ha gastado en este rubro casi 1.5 por ciento de lo que ha invertido en total el Banco Mundial durante su anterior inversión.
Este gasto que invirtió nuestro país también es equivalente al poco más del Producto Interno Bruto generado por Honduras en octubre de 2019, que es de 24 millones 449 mil dólares, según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pacto por refugiados, ¿solución?
Desde el 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de la ONU acordó un nuevo pacto sobre refugiados, conocido como el Pacto Mundial sobre Refugiados, cuyo objetivo es mejorar la respuesta internacional a las situaciones de refugiados nuevas y existentes.
El pacto busca garantizar que los refugiados y las personas que los acogen, reciban el apoyo que necesitan. El pacto hace un llamamiento para brindar mayor apoyo a las personas refugiadas y a las comunidades que los acogen, que a menudo se encuentran en las partes más pobres del mundo, garantizando que reciban el apoyo que necesitan, y también tiene como objetivo ayudar a los refugiados a ser más autosuficientes para que puedan contribuir más a su propio futuro y al de la comunidad de acogida.
Pero a dos años del establecimiento del pacto, la tendencia mundial hacia las políticas para regular y reflectar las incursiones migratorias ha sido una constante.
Ejemplos varios se han formado, como la promoción de políticas de segregaciones raciales, como las de Estados Unidos hacia otros países como el nuestro y Centroamérica para fomentar que se inscriban como terceros países seguros, sin considerar las realidades que viven cada uno de esos Estados, lo cual genera incertidumbre sobre los incrementos de flujos migratorios futuros.