Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó la prisión de Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), y el coronel Fábio Augusto, comandante de la policía militar del mismo distrito en el marco de la investigación por los actos golpistas del domingo en Brasilia, informaron fuentes oficiales.
Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en un intento por derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien tomó posesión el pasado 1 de enero.
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La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien también dictó el arresto del excomandante de la Policía Militar de Brasilia Fábio Augusto Vieira, efectuada ayer.
El exministro brasileño afirmó que retornará al país para entregarse a la Policía. El juez De Moraes prometió castigar a todos los responsables del asalto, tanto a quienes participaron directamente como a aquellos que lo hicieron por omisión.
"Las instituciones castigarán a todos los responsables. A aquellos que realizaron los actos, aquellos que los financiaron, aquellos que los alentaron, por acción o por omisión", recalcó durante la toma de posesión del nuevo director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.
Después de los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado brasileño, el magistrado también ordenó el cese temporal del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha por "omisión" de sus funciones y "connivencia" con los asaltantes golpistas.
El juez es el mismo que ordenó desmantelar los campamentos que se habían levantado por todo el país frente a los cuarteles del Ejército para reclamar un golpe de Estado, decretando prisión para todos aquellos que se negaran a marcharse, además de los cerca de mil 500 que ya fueron arrestados.
La policía brasileña liberó ayer "por cuestiones humanitarias" a casi 600 personas detenidas tras la revuelta, con el que esperaban provocar la caída del presidente izquierdista Lula da Silva.
Unas 527 personas permanecían presas y otras aún eran sometidas a procedimientos de la policía judicial para determinar su destino, dijo la Policía Federal.
La invasión y el saqueo de los edificios de los tres poderes del Estado, que recordaron a los episodios del Capitolio en Washington hace dos años, causaron considerables daños materiales, en particular a obras de arte de valor incalculable. a nivel internacional.
Los tres edificios vandalizados, el Palacio Presidencial de Planalto, la sede del Tribunal Supremo y la del Congreso, son tesoros de la arquitectura moderna de Oscar Niemeyer.
Las construcciones futuristas con curvas emblemáticas de este genial arquitecto han sido suficiente mérito para que la Unesco clasificara al tejido urbano de la capital brasileña como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1987.
Cada uno de los tres edificios de los que se rompió una cantidad impresionante de ventanas, también estaba lleno de muebles raros y obras de grandes artistas brasileños, así como donaciones artísticas hechas por otros países a Brasil.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, sostuvo que pronto se emitirán cerca de 50 nuevas órdenes de arresto por lo que el gobierno calificó de "actos de terrorismo". En paralelo, un fiscal solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes del expresidente Jair Bolsonaro por el asalto a los tres poderes.
El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, también pidió extender la sanción al gobernador suspendido de Brasilia, y de Torres. Rocha justificó su demanda "en razón del proceso de prestación de cuentas y del vandalismo ocurrido" en la capital brasileña el pasado 8 de enero, "que provocó innumerables perjuicios al erario federal".
Desinformación, la causa
Simpatizantes de Bolsonaro coreaban "¡Queremos el código fuente!" durante la invasión de Brasilia. La frase refleja el papel de la desinformación en el ataque: no sólo el código fuente de las urnas electrónicas está disponible hace más de un año, sino que el proceso electoral cuenta con otros mecanismos de auditoría.
Aún así, esta reivindicación motivó a miles de bolsonaristas a invadir y depredar a los edificios del Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) el pasado domingo.
Para Ivan Paganotti, doctor en Ciencias de la Comunicación y profesor de la Universidad Metodista de São Paulo, la difusión de aseveraciones falsas fue un elemento relevante para la "racionalización" de este tipo de ataques.
El reclamo que apareció escrito en carteles de los bolsonaristas en Brasilia se basa en la alegación de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habría mantenido "en secreto" el código fuente de las urnas electrónicas, supuestamente con el fin de esconder cambios en la programación que habrían conducido al -hasta ahora desmentido- fraude en las elecciones que dieron ganador a Luiz Inácio Lula Da Silva en octubre del año pasado.
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Además de los reclamos sobre el código fuente, señala Paganotti, también jugaron un papel importante otras acusaciones de fraude y las "lecturas fantasiosas" sobre el artículo 142 de la Constitución, que no abre el camino a una intervención militar como han divulgado los desinformadores bolsonaristas.
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