La vacuna contra Covid-19 parecía el principio del fin para la pandemia; sin embargo, la variante Delta, así como el escepticismo de miles de personas respecto a la inmunización están orillando a varios países de Europa a tomar una decisión drástica: la vacunación obligatoria.
El tema de imponer la vacunación en la sociedad siempre resulta polémico. ¿Hasta dónde pueden llegar los Estados para garantizar la salud pública? Inmersos en una crisis sanitaria que hasta ahora deja un saldo de cuatro millones de personas muertas, parece que cercar a la población que se resiste a ser vacunada es el último recurso en muchos países.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, reavivó la discusión –y las protestas en su país– al proponer medidas para forzar la vacunación de los ciudadanos. El 12 de julio, Macron anunció todos los trabajadores del sector salud deberán contar con el esquema de vacunación completo antes del 15 de septiembre o no podrán presentarse a sus puestos de trabajo y tampoco recibirán su sueldo.
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El resto de la población no se salvó. A partir de este miércoles 21 de julio, se comenzó la implementación de un pase sanitario, el cual garantiza haber recibido la inmunización completa, o al menos una dosis, o haber presentado una prueba negativa reciente. Todas las personas que quieran ingresar a bares, restaurantes y, en algunos casos, utilizar el transporte público, deberán contar con este pase.
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La respuesta a estas medidas fue inmediata: el viernes 16 de julio se aplicaron 879 mil 597 vacunas, un nuevo récord de vacunación para el país.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. A pesar de que cerca de la mitad de los franceses ya han recibido la vacuna y varios millones más se han registrado para inmunizarse próximamente, tan sólo unos días después de anunciadas las nuevas medidas, alrededor de 114 mil personas se manifestaron por todo Francia señalando que el gobierno está imponiendo una "dictadura sanitaria".
Grecia e Italia caminan hacia medidas similares. El gobierno griego declaró obligatoria la vacunación al personal de centros geriátricos con efecto inmediato, mientras los trabajadores de servicios de salud públicos deberán aplicarse el biológico antes de septiembre. En Italia, los trabajadores sanitarios y farmacéuticos que se nieguen a recibir la vacuna podrían enfrentar el cese de sus funciones o la suspensión de su sueldo.
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Sin duda los retos de la pandemia aún están lejos de llegar a su fin y la nueva ola de contagios, impulsada por la variante Delta, pondrá aprueba la capacidad de las autoridades para mitigar sus efectos a través de la vacunación obligatoria, como hace Europa, o con otro método que consiga la aceptación del biológico entre la sociedad sin recurrir a la imposición.
Con información e AFP