Soldados de Bangladesh patrullaron el sábado las desiertas calles de la capital, Daca, y bloquearon las carreteras durante el toque de queda impuesto para sofocar las protestas estudiantiles contra las cuotas de empleo del Gobierno, que han causado la muerte de al menos 110 personas esta semana.
Los servicios de Internet y mensajes de texto llevan suspendidos desde el jueves, aislando a la nación del sur de Asia del resto del mundo, mientras la policía reprime las protestas que han continuado a pesar de la prohibición de las concentraciones públicas.
La mayoría de las llamadas telefónicas al extranjero no se conectaban, los sitios web de los medios de comunicación en Bangladesh no se actualizaban y sus cuentas en las redes sociales permanecían inactivas.
"Sacar de Internet a un país de casi 170 millones de habitantes es una medida drástica que no se veía desde la revolución egipcia de 2011", dijo John Heidemann, científico jefe de la división de redes y ciberseguridad del Instituto de Ciencias de la Información Viterbi de la Universidad del Sur de California.
Además de las muertes, los enfrentamientos han causado miles de heridos, según datos de hospitales de todo Bangladech, El Dhaka Medical College Hospital recibió 27 cadáveres entre las 17 y las 19 horas viernes.
Durante cinco días, la policía ha disparado gases lacrimógenos y lanzado granadas de estruendo para dispersar a los manifestantes, que se han enfrentado al personal de seguridad, lanzando ladrillos e incendiando vehículos.
Las manifestaciones -las mayores desde que la primera ministra Sheikh Hasina fue reelegida este año para un cuarto mandato consecutivo- se han visto alimentadas también por el elevado desempleo entre los jóvenes, que representan casi una quinta parte de los 170 millones de habitantes.
Ante el creciente número de muertos y la incapacidad de la policía y otras fuerzas de seguridad para contener las protestas, el Gobierno de Hasina impuso el toque de queda nacional y desplegó el ejército.
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Los disturbios, de alcance nacional, estallaron por la indignación de los estudiantes contra las controvertidas cuotas para puestos de trabajo en el Gobierno, incluido el 30% para las familias de los que lucharon por la independencia de Pakistán.