SANTIAGO. Saqueos, incendios y enfrentamientos constantes a lo largo de Chile entre una policía cuestionada y agotada elevan la tensión y debilitan al gobierno de Sebastián Piñera a seis semanas del estallido social.
Durante la noche del martes y madrugada del miércoles un centenar de "eventos graves" se registraron en varias ciudades del país, con incendios y ataques a buses, estaciones del ferrocarril metropolitano, las oficinas de un diario y un tradicional hotel en La Serena, lo que llevó a Piñera a alertar que "en muchos lugares el orden público fue sobrepasado".
Estos actos violentos continuaron al cierre de la jornada de ayer, donde decenas de manifestantes y encapuchados ingresaron a la fuerza al centro comercial Parque Arauco, uno de los más grandes y populares en Santiago, donde enfrentaron a los guardias al interior de las tiendas.
"La violencia está causando un daño que puede ser irreparable", agregó el mandatario, en un mensaje en el palacio de gobierno, en el que apuró al Congreso a aprobar leyes para aumentar las sanciones para quienes provoquen desórdenes.
La nueva noche de furia alejó el intento del mandatario de avanzar en un plan de "reconstrucción" del país, que hace frente al peor estallido social desde el retorno a la democracia, en 1990.
Al cumplirse más 40 días de protestas, el vandalismo tomó nuevo impulso. En la ciudad de La Serena, encapuchados saquearon e incendiaron el hotel Costa Real.
En la ciudad portuaria de San Antonio, en la región de Valparaíso, se replicó el desorden con actos vandálicos que incluyeron la quema de las oficinas del diario local El Líder, un ataque contra los medios que replica el perpetrado cuando fue quemado el diario El Mercurio de Valparaíso, el periódico más antiguo de Chile.
En Concepción, una masiva manifestación terminó con incidentes entre encapuchados y la policía.
En Santiago, dos estaciones de metro volvieron a sufrir daños, sumando problemas a la red de ferrocarril metropolitano.
El presidente Piñera no acudirá a la Cumbre del Clima, la COP25, que se celebrará en Madrid, a pesar de que su país ostenta la presidencia de la reunión, que tuvo que ser trasladada a la capital española por las protestas sociales.