CARACAS, Venezuela. En abril de 2008, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez envió a funcionarios del Ministerio de Justicia a visitar a sus homólogos en el centro de tecnología chino de Shenzhen.
La misión era conocer el funcionamiento del programa nacional de documentos de identidad de China, según dijo un miembro de la delegación venezolana.
En la sede del gigante de telecomunicaciones ZTE Corp, la delegación aprendió cómo China, mediante tarjetas inteligentes, estaba desarrollando un sistema que ayudaría a Pekín a seguir el comportamiento social, político y económico.
Al año siguiente, cuando Daquin confesó a funcionarios venezolanos su temor de que un sistema así pudiera llevar a cometer abusos contra la privacidad de las personas, fue detenido y extorsionado por agentes de inteligencia. Le rompieron varios dientes al golpearlo con una pistola y lo acusaron de "traidor", aseguró Daquin, quien dijo que por eso huyó del país.
El proyecto languideció, pero casi 10 años después de aquel viaje a Shenzhen, Venezuela lanzó una nueva tarjeta de identificación inteligente conocida como "carnet de la patria".
La tarjeta transmite datos de sus titulares a servidores de computadoras. Está vinculado a la entrega de alimentos subsidiados, salud y otros programas sociales del gobierno, de los que depende la mayoría de los venezolanos para sobrevivir. Y ZTE está en el corazón del programa.
Como parte de un esfuerzo oficial de 70 millones de dólares para reforzar la "seguridad nacional", Venezuela contrató el año pasado a ZTE para armar una base de datos con los carnets y crear un sistema de pago móvil para usar con la tarjeta, según contratos revisados.
Un equipo de empleados de ZTE ahora funciona dentro de una unidad especial de CANTV, la compañía estatal de telecomunicaciones de Venezuela que administra la base de datos, según cuatro empleados actuales y anteriores de CANTV.
La tarjeta muestra cómo China, a través de empresas vinculadas con el Estado, exporta conocimientos que ayudan a los gobiernos de ideas afines a rastrear, recompensar y castigar a los ciudadanos.
La base de datos, según empleados y capturas de pantalla de usuarios, almacena detalles como cumpleaños, información familiar, empleo e ingresos, inmuebles, historial médico, beneficios estatales recibidos, presencia en las redes sociales, membresía de un partido político y si una persona votó. Aunque ZTE cotiza en bolsa, su principal accionista es una empresa estatal china y el gobierno es un cliente clave.
La compañía pagó este año mil millones de dólares para llegar a un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en una de las varias multas que la empresa recibió a raíz de un informe de 2012 indicando que ZTE vendió a Irán un sistema de vigilancia, que incluía componentes de EU, para espiar las telecomunicaciones de sus ciudadanos.
Fernández, el presidente de CANTV, es uno de los sancionados debido a la censura que la empresa aplica al internet en Venezuela, según un comunicado del Departamento del Tesoro.
A lo largo del año pasado, Maduro instó a los ciudadanos a inscribirse y sacar la nueva tarjeta. Unos 18 millones de personas -más de la mitad de la población- ya lo han hecho, según cifras del gobierno.
Con los servidores comprados a ZTE, el gobierno está creando una base de datos que algunos ciudadanos temen esté identificando a quienes apoyan al gobierno y a los que no lo hacen.
Los titulares de tarjetas y los grupos de derechos humanos dijeron que los administradores hacen preguntas sobre ingresos, actividades políticas y perfiles de redes sociales antes de emitir el carnet.
Con el aumento de la pobreza y el hambre, el gobierno lanzó en 2016 un programa para distribuir paquetes de alimentos subsidiados. Contrató a Soltein SA de CV, una compañía con sede en México, para diseñar una plataforma en línea para rastrear los paquetes, según los documentos revisados.
El sistema, en evolución y parte del cual usa "tarjetas inteligentes de ciudadanos" desarrolladas por ZTE, califica a las personas según su comportamiento, solvencia financiera y actividad política.