La situación política de Sudán entró en un convulso capítulo este lunes, luego de que la facción militar del gobierno de transición, bajo el mando del general Abdel Fattah al Burhan, disolviera las instituciones encargadas del país desde la caída del dictador Omar al Bashir y apresara al primer ministro, Abdala Hamdok, y a otros ministros y líderes civiles.
Crisis añeja entre militares y civiles
En 2019, los militares quitaron del poder al dictador Omar al Bashir, un antiguo militar que lideró un golpe de Estado a final de los años 80 y que se mantuvo en el poder por 30 años, tras meses de protestas y represiones desencadenadas por una crisis económica derivada de la secesión de Sudán del Sur, donde se encontraban las reservas petroleras del país.
En un principio los habitantes recibieron con júbilo la noticia del fin de la dictadura de al Bashir; sin embargo, las asociaciones prodemocracia del país acusaron a la milicia de orquestar un autogolpe para perpetuarse en el poder, por lo que las manifestaciones continuaron, exigiendo al gobierno militar que entregara el timón del país a un mando civil.
Posteriormente, Awad Ibn Ouf y Kamal Abel Maaruf, líderes del golpe, renunciaron a sus puestos en la junta militar de transición ante las protestas de la sociedad, que los veía como parte del régimen depuesto. Entró en escena entonces el general Abdel Fattah al Burhan.
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El ciclo se repitió y a la alegría por las renuncias siguió una nueva ola de manifestaciones para presionar a los militares para que entregaran el poder a un mando civil, lo que culminó con el llamado a huelga general a finales de mayo de 2019.
Estos movimientos sociales culminaron en la llamada "Masacre de Jartum", el 11 de junio de 2019, cuando los militares dispersaron un plantón que se mantenía frente al cuartel militar de la capital sudanesa, dejando más de 100 muertos –según la cifra oficial– y decenas de personas heridas.
Tras esta escena, la presión internacional contra la junta militar se intensificó y en agosto del mismo año se firmo un documento –que funciona como Constitución hasta la fecha– mediante el cual los militares y civiles acordaron compartir el poder en el Consejo Soberano, compuesto por seis civiles y 5 militares.
El acuerdo planteaba que Abdel Fattah al Burhan presidiría el Consejo por la facción militar durante 21 meses y después sería el turno de la facción civil por otros 18, antes de que se realizaran elecciones.
Nuevo golpe de Estado
El lunes 25 de octubre de 2021, la facción militar detuvo a varios miembros civiles del gobierno de transición, incluyendo al primer ministro. De acuerdo con el general al Burhan, la nueva toma del poder por parte de los militares obedece a que "algunos atacaban al ejército e incitaban contra este componente esencial de la transición".
Lo anterior probablemente en referencia a las declaraciones del primer ministro, Abdala Hamdok, quien había aseguró que se debía "reformar los órganos militares y de seguridad", lo que no fue recibido por la cúpula militar.
A partir de ese momento, comenzaron una serie de desencuentros entre la facción civil y militar del gobierno de transición, así como la ruptura de las comunicaciones entre ambas partes.
Reacciones a la toma del poder por los militares
En cuanto se dio a conocer la detención de los ministros por parte de los militares, tanto la sociedad de Sudán como la comunidad internacional reaccionó ante "las acciones de los militares [que] traicionan la revolución y la transición", según reza un comunicado conjunto entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega.
Varios puntos del país se encuentran desde ayer tomados por manifestantes exigiendo a los militares la liberación de los detenidos y el paso del poder a un mando civil, lo que ya ha dejado al menos 4 muertos y al menos 80 heridos el pasado lunes y multitudes dispersadas con gas lacrimógeno durante este martes.
De su lado, activistas prodemocracia declararon una "huelga general" y la "desobediencia civil" contra el golpe del general Burhan, que prometió formar un gobierno "competente" pronto y seguir con la transición hacia las elecciones libres.
La Unión Europea, por otro lado, amenazó con suspender el apoyo financiero "si no se invierte inmediatamente la situación", mientras Estados Unidos anunció la suspensión de una ayuda de 700 millones de dólares destinada a la transición que debía conducir este país hacia elecciones democráticas.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó la detención del primer ministro y exigió que fuera liberado de manera inmediata.
Este martes, una fuente militar confirmó a la agencia AFP que el primer ministro había sido trasladado a su residencia y se tomaron las medidas de seguridad necesarias, sin especificar si Abdala Hamdok se encuentra bajo arresto domiciliario.
Con información de AFP y EFE
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