El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la suspensión del cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, el principal grupo criminal del país, después del paro minero que esta agrupación incitó.
"He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley", dijo Petro en un mensaje en su cuenta de Twitter.
El Gobierno colombiano declaró el 31 de diciembre un cese al fuego bilateral tanto a este grupo –también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– como al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia y los paramilitares de la Sierra Nevada.
Sin embargo, el Clan del Golfo habría incumplido el acuerdo en las últimas semanas al instigar un paro minero en el Bajo Cauca antioqueño con acciones violentas como la quema de varias ambulancias.
"No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades", dijo Petro, aludiendo a las razones de la suspensión del cese, que se entiende son por estos hechos que han tenido en vilo a la población de esta parte del país, al ser amedrentados para que realicen un paro que se alinea con los objetivos económicos de este grupo.
Por su parte, el Clan del Golfo sostiene que han respetado la tregua pactada con el gobierno colombiano y negó estar detrás del paro minero.
"Pese a las informaciones falsas y mal intencionadas provenientes de sectores que no aceptan la paz total, hemos respetado cabalmente el cese al fuego de operaciones defensivas, no solo desde la fecha de expedición del decreto ya mencionado, sino desde el 7 de agosto de 2022 cuando lo promulgamos de manera unilateral", aseguraron.
Asimismo acusaron "que el ELN está detrás del vandalismo generalizado, especialmente en el Bajo Cauca", todo por "perjudicar" su imagen y "combatir fuera del campo de batalla".
"Pretende el gobierno tender otra cortina de humo más para distraer a la opinión pública de los atentados que el ELN continúa haciendo en contra de la fuerza pública en general", aseguró este grupo armado.
"Nosotros continuamos con nuestra disposición de paz, que nos permitimos a reiterar. Estamos dispuestos a dialogar con las instancias oficiales correspondientes para superar los impasses que se están presentando", alegó el Clan del Golfo, como respuesta.
En una entrevista con EFE, esta semana el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que estos hechos ponían en duda las intenciones de este grupo, dedicado sobre todo al narcotráfico y actividades ilegales como la minería –desencadenante del paro–, de querer buscar la paz y entablar conversaciones con el Gobierno.
"Cualquier acción de presión y de coacción sobre la población civil, cualquier ejercicio abusivo de la fuerza como ha ocurrido en el Bajo Cauca, además de rechazable y repudiable, pone en cuestionamiento la voluntad de construir paz y pone en cuestionamiento la posibilidad de un cese al fuego", dijo Rueda.
El ministro de Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, ya había asegurado "no ha estado sobre la mesa la suspensión o el levantamiento del cese, pero no se cierra la posibilidad de que se levante en cualquier momento en la medida en que no haya condiciones para garantizar la tranquilidad en el territorio".
Según las autoridades, el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, está detrás de un violento paro minero que tiene paralizada desde el 2 de marzo la región de Bajo Cauca en el departamento de Antioquia (noroeste), donde fueron quemadas dos ambulancias la pasada semana, pese a que las autoridades aseguran que ya está restablecido el orden.
Petro ha defendido una política de "paz total" a la que pretende vincular a varios grupos armados que operan en el país para iniciar negociaciones de paz, aunque por el momento la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la única con la que se ha iniciado un diálogo formal.
El Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), ya ha realizado contactos preliminares con este grupo, que está formado por unas 9.000 personas y tiene control en 14 departamentos, sobre todo el Pacífico y Caribe.
A diferencia del ELN o de las disidencias de las FARC, el Gobierno colombiano no quiere reconocerle estatus político a este grupo, y en cambio ofrecer un sometimiento a la justicia y establecer unos diálogos que con esta suspensión del cese al fuego quedan en duda.
