BOGOTÁ. La erradicación forzada de los cultivos ilícitos en Colombia durante la cuarentena por el coronavirus ha puesto en jaque a decenas de campesinos colombianos que argumentan que si el Ejército sigue con este programa se van a quedar sin qué comer durante la crisis por la pandemia.
Con los "asentamientos campesinos", los jornaleros impiden en varios departamentos de Colombia que el Ejército arranque las matas de coca o las rocíe con el herbicida glifosato porque para ellos acabar con las plantaciones ilícitas supone terminar con su única fuente de ingresos.
Los choques provocaron la muerte del joven Alejandro Carvajal, quien según denunciaron organizaciones sociales, fue asesinado por el Ejército en la región del Catatumbo (fronteriza con Venezuela) durante una protesta contra "las erradicaciones manuales, violentas y forzadas" de coca en la zona.
Adriana Muro, directora de Elementa, una ONG integrada en la Coalición de Acciones para el Cambio (CAC), explicó que han documentado operativos de erradicación forzada en siete departamentos del país desde que inició la cuarentena el pasado 25 de marzo.
"Esto es riesgoso no sólo porque las personas que salen de sus casas a defender sus cultivos se exponen al coronavirus sino porque las protestas contra las autoridades terminan en disturbios, amenazas e incluso con dos muertos en las últimas semanas", añadió Muro.
Una de las víctimas mortales es Carvajal y la otra un indígena awá, que según la comunidad murió el mes pasado por un disparo de un policía cuando protestaba contra la erradicación en una zona rural de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador y la región con más hectáreas sembradas de coca de Colombia.
"Los campesinos se enfrentan por una parte a la represión del Ejército y la Policía y por otra parte a los grupos armados ilegales que quieren la supervivencia del cultivo", lamentó Muro.
Los cultivadores también "tienen miedo a que los militares que vienen a erradicar desde las ciudades traigan el coronavirus a nuestras regiones", explicó Juan Carlos Quintero, portavoz de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que opera cerca de la frontera con Venezuela.
Sus vidas peligran más que las del resto si se tiene en cuenta su difícil acceso al sistema de salud.
Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que encuestó a seis mil 350 familias que vivían en zonas de cultivos de coca, sólo tres por ciento tenía acceso a hospitales o centros de atención primaria.
El presidente colombiano, Iván Duque, apostó por la erradicación forzada en un contexto en el que Colombia llegó al máximo histórico de hectáreas cultivadas de coca en 2018 -año de su posesión- y con la presión política de Estados Unidos por abordar militarmente el problema.
En 2018, el país llegó a la cifra de 171 mil hectáreas, según la UNODC. Colombia es el primer productor de coca del mundo.
De estas hectáreas, los campesinos erradicaron voluntariamente 40 mil gracias a los programas de sustitución de cultivos ilícitos del acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.
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