WASHINGTON. La Corte Suprema de EU decidió, por “política exterior y seguridad nacional”, que la familia de un mexicano de 15 años que murió en 2010 en el límite entre ambos países no podrá demandar ante la justicia estadounidense al agente fronterizo que le disparó.

El fallo, con cinco votos a favor y cuatro en contra, puede sentar un precedente sobre las futuras decisiones en casos de tiroteos ocurridos en las fronteras.

Los magistrados se pronunciaron sobre el caso de Sergio Adrián Hernández contra el agente fronterizo de EU Jesús Mesa, conocido como “Hernández vs. Mesa”.

La familia argumenta que el joven -conocido como “Keko” y quien falleció en junio de 2010- no suponía ninguna amenaza para los agentes estadounidenses, iba desarmado y estaba jugando con unos amigos en el lecho seco del Río Bravo, que separa a El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua) y sobre el que se alza el llamado “Puente Negro”.

Cuando Hernández volvía a México, el agente Mesa “sacó su arma, apuntó y le disparó en la cabeza, justo al lado del ojo”, según narra la defensa en documentos entregados a la Corte.

Pero el gobierno de EU alegó que el chico era parte de un grupo de traficantes de personas que trataba de cruzar de manera ilegal la frontera y que rodeó y atacó con piedras a Mesa, quien se defendió con su arma.

Un video difundido poco después del suceso desmintió esa versión: mostró que Mesa no estaba rodeado y disparó contra Hernández varias veces.

Al explicar el fallo, el magistrado Samuel Alito dijo que en estos casos puede haber un riesgo “significativo” de “intrusión disruptiva por parte del Poder Judicial en el funcionamiento de otras ramas”.

Pero además argumentó que “el riesgo de socavar la seguridad fronteriza proporciona razones para dudar” de la decisión de dar luz verde al reclamo de los demandantes y recordó que “la regulación de la conducta de los agentes en la frontera incuestionablemente tiene implicaciones de seguridad nacional”.

Al expresar su disenso, la magistrada Ruth Bader Ginsburg puntualizó que “la ubicación de Hernández en el momento preciso en que cayó la bala no debería importar lo más mínimo”.

“Todavía no hay una buena razón por la cual los padres de Hernández deben encontrarse con la puerta de una corte cerrada”, opinó Ginsburg, para quien no se están cuestionando “políticas o políticos” sino las “acciones deshonestas de un agente de la ley”.