LIMA. Las Fuerzas Armadas y la policía de Perú reafirmaron su lealtad al presidente Martín Vizcarra, que ordenó disolver el Congreso y llamar a elecciones para renovarlo, pero legisladores rebeldes desconocieron al mandatario tras designar en su lugar a la vicepresidenta.
Las cúpulas militar y policial mostraron su respaldo luego de que casi dos tercios de los legisladores del Congreso -dominado por la oposición- suspendieron temporalmente al centrista Vizcarra, ahondando la mayor crisis política del país en casi dos décadas.
Vizcarra convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero. El nuevo Congreso sesionaría hasta julio del 2021, el periodo constitucional del Congreso disuelto, según un decreto supremo publicado en el diario El Peruano.
La presidencia informó en Twitter que contaba con el respaldo de las fuerzas militares, y acompañó su mensaje con una foto de Vizcarra junto al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes del Ejército, Marina y la Fuerza Aérea, y de la Policía.
Vizcarra, que ha lanzado una campaña anticorrupción, acusa al Congreso de entorpecer la labor del gobierno con frecuentes interpelaciones a ministros gracias al voto mayoritario del partido de derecha liderado por Keiko Fujimori, quien está detenida mientras la investigan por supuesto lavado de dinero.
Unos 86 de 130 legisladores, se negaron el lunes por la noche a dejar el parlamento y en una inesperada sesión aprobaron suspender a Vizcarra durante 12 meses por “incapacidad temporal”.
Pese a que la gran mayoría de la población, las Fuerzas Armadas, y los principales medios de comunicación respaldan a Vizcarra, la facción rebelde fujimorista quiere seguir adelante en su decisión de deponer al mandatario y reemplazarlo por su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que el lunes por la noche juramentó el cargo de “presidenta interina”.
Por ello se rehúsan a concurrir a la comisión permanente, el único órgano que debería funcionar en el Congreso de Perú después de la disolución, al tiempo que denuncian que la Policía no deja entrar al recinto parlamentario a congresistas que no son titulares de esa comisión.
Pero ayer, luego de que la mayoría de legisladores se retiraron en la madrugada, algunos regresaron a la sede del Congreso. En las afueras del hemiciclo la policía con cascos y escudos de plástico acordonó la sede y restringía el ingreso.
“Es un golpe de Estado. Es un atentando a los todos los congresistas”, dijo a periodistas la legisladora Luz Salgado, del partido de Fujimori, que logró ingresar al parlamento.
La Comisión Permanente conformada por 27 legisladores podría revisar decretos de urgencia, según la Constitución.
Los mercados reaccionaron y la moneda peruana caía un 0.86% y la bolsa local un 0.62% por la incertidumbre.
Cientos de personas se manifestaron a favor de la disolución de la cámara, una de las instituciones más desacreditadas por escándalos de corrupción, que también han involucrado a cuatro expresidentes.
Aráoz, antes de jurar como presidenta interina, dijo que acudirá a la OEA para que ayude a Perú a resolver el “impasse”.
Pero la Organización de Estados Americanos hizo un llamado a la calma y valoró la convocatoria de nuevas elecciones, algo a lo que los legisladores se oponen, pero no condenó en ningún caso las acciones de Vizcarra.
Aráoz, que además fue denunciada ayer ante la Fiscalía por usurpación de funciones, dijo que respetará la opinión¡ del Tribunal Constitucional si falla sobre la legalidad del cierre del Congreso.
La denuncia se extendió contra el presidente del Congreso, Pedro Olaechea y la diputada Milagros Salazar por las acciones que tomaron para enfrentar “ilegalmente” la disolución de la Cámara.
Ayer, la capital peruana mostró calma y normalidad, sólo con un cierre parcial de la céntrica avenida Abancay, cercana al Parlamento, efectuada por la Policía.
