QUITO. La justicia de Ecuador dictó prisión preventiva por 90 días a una gobernadora correísta para ser indagada por el supuesto delito de rebelión durante las recientes protestas lideradas por indígenas contra la eliminación de subsidios a combustibles y la alza de precios de hasta 123%.
El presidente Lenín Moreno insistió ayer en ser el blanco de un supuesto plan de desestabilización y que las protestas de la semana pasada obedecían a un intento de golpe de Estado ideado por el expresidente Rafael Correa.
La Fiscalía ecuatoriana señaló que la prefecta de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito), Paola Pabón, quien fue detenida el lunes, será investigada por rebelión, un delito castigado con penas de cárcel de cinco a siete años. En el caso están involucradas otras dos personas.
La Fiscalía señaló que en la audiencia judicial sustentó la teoría del presunto financiamiento para acometer hechos vandálicos en las manifestaciones.
El supuesto plan desestabilizador salpica a varios allegados a Correa en Ecuador. Siete personas, incluidos cuatro asambleístas como Gabriela Rivadeneira, se mantienen refugiados en la embajada de México en Quito.
Tras empezar las protestas, el 2 de octubre, Rivadeneira planteó al Parlamento que convocara una sesión extraordinaria para resolver la "destitución del presidente Moreno" y el "adelanto de elecciones", lo que es compartido por Correa.
"Esos correístas están siendo juzgados por la Justicia, que ahora sí es independiente", dijo Moreno, en un discurso al recibir el respaldo de miles de ciudadanos en un acto público en las afueras del Palacio de Gobierno en Quito.
En respuesta, desde Bélgica y a través de de Twitter, Correa aseguró que Moreno desató una persecución contra el correísmo para justificar la dura represión ejercida durante las protestas indígenas.
Incluso dijo tener dudas sobre la legalidad de la detención de Pabón, pues aseguró que el delito de "rebelión" no se ajusta a la realidad y se opone al "derecho a la resistencia" que asiste a los ecuatorianos.
En tanto, el gobierno, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y del FMI, bajó ayer los precios de los combustibles más utilizados, como acordara con el movimiento indígena para solucionar la crisis.