MIAMI. La doctora D. nunca ha tenido tanto trabajo como ahora. La clínica de abortos donde ejerce, en Jacksonville, Florida, está desbordada por la llegada de pacientes de estados vecinos, desde que éstos restringieron fuertemente la interrupción voluntaria del embarazo aprovechando una polémica decisión de la Corte Suprema estadounidense.
“Antes veía a unas 25 pacientes en un día típico de trabajo, ahora atiendo a unas 45. Hay mucha demanda”, lamenta esta médica que prefiere guardar el anonimato por temor a recibir amenazas de militantes antiaborto.
Pese a que redujo en julio de 24 a 15 semanas el plazo para abortar, Florida es ahora uno de los lugares más permisivos para interrumpir el embarazo en el sureste de Estados Unidos.
A su alrededor, otros estados de mayoría conservadora como Louisiana, Mississippi, Alabama o Georgia han prohibido casi por completo esa práctica o reducido su plazo a seis semanas, después de que la Corte Suprema anulara a nivel federal ese derecho.
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La decisión ha llevado a numerosas mujeres a viajar a clínicas de Florida, entre ellas una propiedad de la ONG Planned Parenthood, de los mayores centros de servicios reproductivos.
Ayer, proveedores y defensores del aborto presentaron ante la Corte Suprema de Florida una impugnación a la ley que prohíbe el aborto después de 15 semanas de gestación, ante el “devastador daño” que está causando.
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