BOGOTÁ. La detención domiciliaria del expresidente colombiano Álvaro Uribe, ordenada por la Corte Suprema de Justicia en un proceso por fraude procesal y soborno de testigos, causó un terremoto político en el país, hoy más polarizado que nunca en torno a su figura.
La decisión judicial no tiene precedentes en el país, donde hasta ahora ningún expresidente había sentido de esa manera el peso de la ley y donde los procesos abiertos suelen acabar en absoluciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La detención domiciliaria del expresidente expuso nuevamente la profunda división política colombiana donde la mitad del país lo venera como el "salvador de la patria" por su lucha frontal contra las FARC durante ocho años de su Gobierno.
La otra mitad quiere verlo tras las rejas por los crímenes a los que se le vincula, desde matanzas de campesinos a manos de paramilitares hasta la ejecución de civiles por parte de militares, los llamados "falsos positivos", pasando por la corrupción y el espionaje de opositores e incluso de magistrados de la Corte Suprema, la misma que lo tiene contra las cuerdas.
Esa polarización se hizo evidente en las reacciones a la decisión judicial e involucró incluso al presidente colombiano, Iván Duque, que hoy rompió una lanza por su mentor y jefe de su partido, el Centro Democrático, creado por Uribe en 2014 cuando se distanció de su sucesor, Juan Manuel Santos, y se convirtió en jefe de la oposición a su Gobierno y a las negociaciones de paz con las FARC Duque revivió la propuesta de reformar la justicia, iniciativa planteada por varios de sus antecesores pero que ninguno ha podido llevar a cabo y que retoma luego de la orden contra Uribe.
El partido Centro Democrático dijo que va a "plantear a los colombianos una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones", como reacción a la detención domiciliaria del expresidente y senador.
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