Las fuerzas de seguridad brasileñas comenzaron a desmantelar campamentos de bolsonaristas en varias ciudades y el gobernador de Brasilia fue suspendido mientras se investiga su participación en el peor ataque contra las instituciones estatales de Brasil desde su regreso a la democracia en la década de 1980, que se ha saldado con más de mil 500 detenidos.
Tras una orden de un juez de la Corte Suprema, cientos de policías con equipo antidisturbios y algunos a caballo se concentraron en el campamento cerca del cuartel general del ejército de Brasilia, mientras que los soldados en el área se retiraron, después de la irrupción del domingo de miles de partidarios de Bolsonaro en el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial.
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También iniciaron el desmantelamiento de campamentos en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras grandes ciudades brasileñas.
De momento, según el ministro de Justicia y Seguridad, Flavio Dino, mil 500 personas han sido detenidas por los desmanes, ocurridos mientras Lula visitaba un municipio en Sao Paulo (sureste) afectado por lluvias.
La mayoría de los mil 500 detenidos estaban en un campamento en Brasilia desde donde salieron buena parte de los atacantes. Las fuerzas de seguridad y autoridades también estaban en la mira. Desde la noche del domingo, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes suspendió por 90 días de sus funciones al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien acababa de presentar sus disculpas por “las fallas” de seguridad.
La Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente investigaciones que lleven a la “responsabilización de los involucrados” en los ataques. También se sembraron dudas por la débil acción del nuevo ministro de Defensa, José Mucio, para movilizar a las fuerzas militares, y que había defendido como “democráticos” los campamentos de los golpistas frente a los cuarteles. El alto funcionario “esta en el banquillo”, advirtieron ayer fuents cercanas al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Asimismo, el expresidente del Senado, Renan Calheiros, confirmó que se está trabajando en el Congreso para formar una comisión de investigación sobre el papel que habría desempeñado el expresidente Jair Bolsonaro en la crisis política y que una de sus primeras medidas será la de reclamar su vuelta.
Las airadas protestas de numerosos países y de algunos congresistas del Partido Demócrata de Joe Biden no se han hecho esperar, pidiendo la expulsión de JairBolsonaro de EU, donde se encuentra desde el pasado 30 de diciembre. A los primeros llamados de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez se sumó su colega Joaquim Castro: “Bolsonaro no debe recibir refugio en Florida, donde se ha estado ocultando de rendir cuentas por sus crímenes”.
Sin embargo, Estados Unidos no ha recibido “una solicitud oficial” del gobierno brasileño sobre el ultraderechista, informaron varios funcionarios. Bolsonaro comunicó ayer que se encuentra ingresado en un hospital de Orlando por una “adherencia abdominal” como consecuencia de las cirugías por las que pasó después del atentado que sufrió en 2018.
El exmandatario rechazó de forma tibia la insurrección de sus partidarios que piden una intervención militar con golpe de Estado y cargó contra Lula, quien acusó al ahora exgobernante de “estimular” a sus simpatizantes a atacar la democracia brasileña.
Repaldo Institucional
Lula da Silva obtuvo un fuerte respaldo del poder político y judicial de Brasil, un día después de la que se ha llamado un intento de golpe de Estado “No vamos a permitir que la democracia escape de nuestras manos”, prometió el izquierdista en un reunión con 23 de los 27 gobernadores en Brasilia, tras la cual bajó por la rampa del Palacio de Planalto, la casa de gobierno, que sufrió daños de consideración, con los jefes estatales hacia la Corte Suprema.
El mandatario de 77 años había encabezado más temprano una inusual declaración conjunta con los titulares del Senado, la Cámara de los Diputados y el Supremo Tribunal Federal. Los titulares de los tres poderes del Estado cerraron filas contra los “actos de terrorismo” del domingo.
La condena también tuvo eco en las calles de Sao Paulo y las principales ciudades del país, donde miles de personas se dieron cita para “defender la democracia” y exigir “prisión a los golpistas”.
Lula despachó desde temprano en la sede de gobierno, pese a los visibles daños en la estructura, como ventanas rotas y oficinas destrozadas. Lula aseguró que los invasores “golpistas” no tenían ningún tipo de agenda negociadora o de reivindicaciones. Los incidentes recordaron los ataques.
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En tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden, brindándole respaldo irrestricto a Lula en una llamada telefónica. En un un comunicado conjunto, los gobiernos mexicano, de Canadá, México y de Estados Unidos condenaron los ataques “contra la democracia brasileña y el traspaso pacífico del poder”.