Históricamente, Colombia ha sido uno de los reflejos más claros de cómo el flagelo de los grupos armados desangra a Latinoamérica desde hace décadas, mientras que las fuerzas de seguridad del Estado se ven rebasadas y sus actividades, ensombrecidas por sospechas de colusión con el crimen organizado.
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Durante la última semana, el recuerdo de la guerra de guerrillas en el país sudamericano regresó al departamento de Putumayo, donde un operativo militar realizado el 28 de marzo en la vereda El Remanso, en el municipio Puerto Leguízamo, dejó al menos 11 personas muertas, que, lejos de la versión oficial que los señala como guerrilleros –según afirman las Fuerzas Armadas–, serían civiles, como sostienen autoridades comunitarias y organizaciones civiles.
La versión oficial, defendida tanto por el presidente de Colombia, Ivan Duque, como por el ministro de Defensa, Diego Molano, sostiene que la operación militar tuvo como objetivo a disidentes de las FARC que operan en la zona.
El pasado miércoles Molano sostuvo que las tropas actuaron siguiendo "protocolos nacionales e internacionales".
"Se trata de una operación legítima porque fue planeada por más de cinco meses con información de inteligencia", declaró a los medios Molano, rodeado de la cúpula militar.
"Como ustedes van a ver se operó con todos los protocolos nacionales e internacionales de doctrina (...) Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública", agregó.
De acuerdo con el ministro, los grupos de guerrilleros disidentes amedrentan a la población en la zona, donde realizan actividades criminales y de narcotráfico, señalando las 22 mil hectáreas de sembradíos de coca que existen en el departamento.
"Putumayo es uno de los departamentos más afectados por los cultivos ilícitos (...). Esta operación buscaba afectar una estructura que estaba generando desplazamiento forzado", recalcó.
Asimismo, el ejército aseguró que el operativo tuvo un saldo de cuatro personas detenidas; sin embargo, el investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, apuntó a través de se cuenta en Twitter que en realidad no hubo tales detenciones.
"La verdad: no hubo capturados. Los cuatro heridos fueron llevados a una clínica. Nunca se les hizo un procedimiento de captura. Tres ya tienen el alta médica y están todos libres", expresó Pappier.
Lo anterior coincide con la postura de la Fiscalía colombiana, que señala que la unidad a cargo de la operación "no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo".
"Sólo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado", agregó la Fiscalía.
Por otro lado, organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.
En el mismo sentido, un grupo de periodistas de los medios colombianos Vorágine, El Espectador y Revista Cambio recabó testimonios de las personas presentes durante el operativo, quienes aseguraron que los militares iban vestidos de civiles y abrieron fuego contra los asistentes a un evento en la comunidad.
En el mismo sentido, señalaron que los elementos de las fuerzas armadas no portaban uniformes, sino que vestían de civiles, con pantalones verdes, buzos y gorras negras.
Según el Ejército, el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias "Bruno", parte de la comisión financiera del comando de frontera de la llamada Segunda Marquetalia.
No obstante, de acuerdo con los testimonios recabados por los medios colombianos, las fuerzas castrenses apostadas en esa zona del país estarían coludidos con los Comandos de la Frontera, como también se conoce a la Segunda Marquetalia.
Por otro lado, las declaraciones de los pobladores señalan que el caos comenzó cuando varios sujetos armados, que se identificaron como guerrilleros, llegaron a la vereda, antes de que comenzaran las rafagas de disparos.
Hasta después de pasado un buen rato de tiroteo, y con los líderes comunitarios ya abatidos, habrían aparecido los militares, que se mostraron cercanos a los primeros hombres armados que abrieron fuego contra los pobladores.
Medios de comunicación y organizaciones civiles han acusado a las Fuerzas Armadas de incurrir en “falsos positivos”, como se denominó a los civiles muertos a manos de militares afirmando que se trataba de guerrilleros.
Por estos casos, ocurridos entre 2002 y 2008, se acusa a cerca de mil 500 militares colombianos de haber participado en la muerte de seis mil 402 civiles que no estaban involucrados con las guerrillas.
En el caso de la vereda El Remanso, los medios colombianos que participaron en la investigación del operativo sostienen que la Fiscalía cuenta con pruebas de que los militares manipularon los cuerpos de las víctimas mortales del operativo –particularmente el caso del menor Brayan Santiago Pama– para plantarles armas.
Por las investigaciones posteriores, la Mesa Territorial de Garantías de Putumayo, compuesta por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, ha cuestionado el proceder de la Fiscalía, ya que arribó la vereda cuatro días después del operativo y no acordonó los lugares con rastros de sangre y otras evidencias de lo ocurrido.
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El equipo conformado por los periodistas de Vorágine, El Espectador y Revista Cambio reportó que las autoridades de justicia argumentaron que habría sido necesario acordonar toda la comunidad, lo que implicaría el desalojo de los habitantes.
No obstante, el equipo de comunicadores pudo constatar que, después de los hechos registrados el 28 marzo, la mayoría de los pobladores tuvieron que abandonar su hogar, lo cual coincide con la versión de la Fundación Liderazgo y Paz, que confirmó la presencia de sólo 20 personas en la comunidad.
Con información de EFE y AFP
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