PARÍS, Francia. La primera ministra Theresa May recibió una estruendosa protesta en la Cámara de los Comunes cuando anunció que llegó a un acuerdo sobre la declaración que terminaría oficialmente a la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea.

Como un capitán al timón en medio de la tormenta, la jefa de gobierno resistió los gritos, las invectivas y los abucheos para defender el texto de 26 páginas negociado con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.

Ese documento define las relaciones que, mantendrán la UE y el Reino Unido después de su divorcio definitivo, a partir del 29 de marzo de 2019.

También anunció que, tras el retiro de la UE, Gran Bretaña introducirá un nuevo sistema de inmigración que tendrá en cuenta las contribuciones de los indocumentados y confirmó que el futuro acuerdo sobre el Brexit terminará con la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE.

May concedió que “aún persisten varios puntos de desacuerdo” sobre algunos temas que -en verdad- tienen una importancia crucial para el futuro de esas relaciones, como el tráfico de mercancías, la pesca y Gibraltar.

Este último punto puede convertirse en un escollo capaz de poner en peligro la firma de la declaración final, prevista durante la cumbre extraordinaria de la UE convocada para el domingo próximo en Bruselas.

“Si eso no se resuelve de aquí al domingo, España tendrá que ejercer su derecho de veto (porque) esa es una cuestión que afecta a la esencia de nuestro país, a la esencia de nuestra nación”, advirtió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

May respondió a esa amenaza durante su declaración ante el Parlamento, reafirmando que “la soberanía británica sobre Gibraltar está garantizada y será protegida”.

En medios diplomáticos de Bruselas se estima que la gesticulación de Sánchez obedece a la política interna española, pues en las actuales circunstancias España tiene escaso margen para modificar la situación que existe desde hace 305 años en Gibraltar.