La Haya.- La Policía holandesa interceptó las comunicaciones telefónicas de Joaquín El Chapo Guzmán Loera a petición del FBI porque las leyes de privacidad de Holanda son menos estrictas que las de Estados Unidos o Canadá, confirmó una fuente oficial.
Las escuchas telefónicas se llevaron a cabo durante 18 meses, entre 2011 y 2012, aunque el equipo especializado de la Policía solo fue informado de que se trataba de "comunicaciones entre miembros del cártel de Sinaloa" y no de que se trataba del entonces líder de la organización, según indica el diario holandés Volkskrant.
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En 2013, dos agentes del FBI viajaron a Holanda para informar al equipo holandés de la importancia de la operación que habían realizando y de que el objetivo principal de las escuchas era El Chapo.
Gracias a esta operación de espionaje, el FBI pudo escuchar por primera vez en años la voz de El Chapo y obtener una imagen completa de su extensa organización criminal y de su estilo de vida.
Las operaciones de escuchas telefónicas fueron habilitadas por un informante del FBI, el colombiano Cristian Rodríguez, quien había establecido una red Blackberry para las comunicaciones de la organización de El Chapo.
El colombiano Cristian Rodríguez era un hombre clave para el Chapo Guzmán, el ingeniero jefe encargado de encriptar sus comunicaciones y entrenar a otros técnicos. Pero el FBI le tendió una trampa en un hotel de Manhattan, Rodríguez cayó y comenzó a traicionar a su jefe.
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El servidor utilizado para almacenar las conversaciones telefónicas se había colocado primero en Canadá, pero las estrictas leyes de privacidad obligaron a buscar alternativa colocando el sistema en un centro de datos operado por Leaseweb en las afueras de la ciudad holandesa de Haarlem, subrayó la fuente.
El Chapo, que logró escapar de prisión varias veces, está siendo juzgado desde otoño en Estados Unidos, acusado de once cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.
Según el diario holandés, la cooperación entre Holanda y EU en las investigaciones de delitos es "muy estrecha" y a día de hoy hay 125 solicitudes similares, cuya legalidad está siendo revisadas por la fiscalía porque van desde el uso de servidores informáticos hasta historiales de Whatsapp.