LA PAZ, Bolivia.- Por primera vez desde el inicio de las protestas en Bolivia en contra de un presunto fraude electoral, las Fuerzas Armadas anunciaron su apoyo a la policía en las calles para combatir los brotes vandálicos, en medio de la crisis política por el vacío de poder que dejó la renuncia de Evo Morales, de integrantes de su gabinete y de legisladores.
En la capital disminuyeron ayer los bloqueos en las calles. Sin embargo, el servicio de transporte público funcionó parcialmente, la red de teleféricos quedó paralizada, lo que obligó a miles de trabajadores a caminar largas distancias para llegar a sus trabajos. Y los comercios permanecieron cerrados por temor a los saqueos.
Morales dimitió presionado por los militares, la policía y por la oposición, que le exigieron dejar el puesto que ocupaba desde 2006 con el fin de pacificar al país renunciando al cuarto mandato al que aspiraba tras sucesivas reformas constitucionales y un referéndum adverso.
En este contexto, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, quien se perfila como presidenta interina, anunció que a la brevedad se emitirá la convocatoria para celebrar una elección presidencial que permita que la nación tenga un presidente el 22 de enero del próximo año.
“Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quieren y el sentimiento de todos los bolivianos”, dijo Añez.
El Senado de 36 curules, donde los seguidores de Morales son aún mayoría con 25, debe sesionar el martes para ratificar las renuncias y nombrar al presidente interino. La Constitución establece que en ausencia del presidente la sucesión recae primero en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el jefe de la Cámara de Diputados, pero todos ellos también dimitieron.
Además de los funcionarios recibidos por México, el exministro de gobierno de Bolivia, Carlos Romero; la exministra de Planificación, Mariana Prado y un tercer exfuncionario de menor rango se encuentran bajo protección de Argentina, en su embajada en La Paz.
Tras la renuncia de Morales, la policía detuvo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, y a otros responsables de ese órgano por orden de la Fiscalía, que investiga las supuestas irregularidades cometidas en las elecciones del pasado 20 de octubre.
Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la renuncia de Morales preserva la democracia en la nación sudamericana y envía una fuerte señal a los “regímenes ilegítimos” de Venezuela y Nicaragua.
El gobierno ruso, también aliado de Morales, dijo que las acciones violentas de la oposición forzaron su salida, mientras que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamaron a la “moderación”, la “responsabilidad” y a nuevas elecciones. Países como Colombia o Perú también reclamaron una transición pacífica y nuevas elecciones.