BOGOTÁ. El nuevo gobierno de de Colombia presentó al Congreso un proyecto de ley para que los ricos paguen más impuestos y financiar con nuevos recursos sus ambiciosos programas sociales contra la pobreza y la inequidad, una de las más altas del continente.
El monto para el próximo año equivaldría a 1.72 por ciento del PIB. La reforma plantea incrementar el recaudo de impuestos de manera gradual con medidas antievasión y antielusión hasta llegar a 50 billones de pesos adicionales al año (11 mil 528 millones de dólares) al término del gobierno de Petro, en 2026, precisó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
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“Buscamos contribuir a la igualdad y la justicia social con un sistema tributario más progresivo, pero además asignando los recursos correspondientes para programas sociales del gobierno y consolidar el ajuste fiscal porque está claramente incompleto, aunque se han hecho avances este año de todas maneras el déficit fiscal sigue siendo considerable”, dijo Ocampo.
La reforma busca desmontar tratamientos tributarios preferenciales que benefician a los más pudientes, reducir la pobreza y la desigualdad en el país, así como erradicar el hambre con planes como un aporte pensional para todos los ancianos pobres y educación universitaria pública gratuita.
La semana pasada Ocampo dijo que “es imposible” realizar el plan de gobierno del izquierdista Petro sin la aprobación de la reforma fiscal, mientras afirmó que no haría ni dejaría hacer “ninguna locura”.
Entre las principales propuestas de la reforma están una mayor tributación para quienes ganan más de 10 millones de pesos mensuales (2 mil 305 dólares), un impuesto sobre el patrimonio de forma permanente para las personas y un tributo sobre las utilidades o dividendos provenientes de la venta de acciones de empresas que coticen en bolsa.
Además, el proyecto establece un impuesto de 10 por ciento a las exportaciones de petróleo sobre un precio superior a 48 dólares por barril, de carbón mayor a los 87 dólares por tonelada y de oro por encima de los 400 dólares por onza.
En tanto, el pago de regalías por parte de las compañías del sector minero y petrolero no serán deducibles de sus impuestos, aseguró Ocampo.
La Asociación Colombiana de Minería dijo que haría comentarios sobre la propuesta más adelante esta semana, mientras que el presidente de la privada Asociación Colombiana del Petróleo precisó que se analizaría el proyecto de ley.
La reforma eliminará algunas exenciones a empresas, impondrá tributos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, a los plásticos de un solo uso y contemplará un impuesto al carbono. El presidente del Senado y miembro de la coalición que llevó a Petro a la presidencia, Roy Barreras, solicitó al ministro de Hacienda presentar un mensaje de urgencia para agilizar el trámite de la iniciativa, a pesar de que el gobierno se ha comprometido a no hacerlo.
Petro prometió no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo para caminar hacia una transición energética, propuesta que ha despertado la incertidumbre en los mercados.
Ocampo estimó que con la reforma se lograría reducir la pobreza en 4 por ciento en el primer año de mandato de Petro.
En tanto, Chile será garante del proceso de paz que retomará el gobierno de Petro con el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, anunció el presidente Gabriel Boric tras un encuentro de los dos mandatarios ayer en Bogotá.
Los mandatarios hablaron sobre los diálogos en ciernes con los rebeldes de ultraizquierda al día siguiente de la asunción de Petro, el primer gobernante de izquierda de Colombia y quien se comprometió en su discurso de investidura a trabajar por una “paz verdadera y definitiva”.
Además de Chile, Brasil, Cuba, Noruega y Venezuela han fungido como garantes de la negociación que ahora se disponen a retomar el ELN y el nuevo gobierno de Colombia.
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