La Haya, Holanda.- El primer ministro holandés, Mark Rutte, anunció el viernes la dimisión de su gobierno, sacudido por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las ayudas sociales.
"El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno, y aquí esto fracasó de forma estrepitosa", declaró Rutte en una rueda de prensa, añadiendo que había presentado la dimisión de su gabinete al rey Guillermo Alejandro, a sólo dos meses de las elecciones legislativas y en plena crisis sanitaria.
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"Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, sólo se puede asumir una responsabilidad conjunta", agregó.
Rutte reconoció que las cosas “se hicieron terriblemente mal”, porque “se ha criminalizado a personas inocentes, sus vidas fueron destruidas y el Parlamento recibió información incorrecta e incompleta”.
Miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las prestaciones sociales, viéndose obligadas a devolverlas, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros. Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, en base a su doble nacionalidad, marroquí o turca.
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Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 y 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva. En algunos casos, se trataba de decenas de miles de euros.
“Estoy llorando (...). Esto es lo correcto, no podría haber sido de ninguna otra manera. Estuve en la miseria durante 12 años de mi vida, y lo peor para mí fue que mi hija lo pasó muy mal, no quería seguir viviendo”, contó Kristie Rongen, una de las víctimas del escándalo de las prestaciones, a la radio pública NPO tras conocer la dimisión del Gobierno.
Aseguró que había días en los que sus hijos no tenían comida que llevarse al colegio y que, en muchas ocasiones, tuvo que “poner la excusa de que estaban enfermos” porque le “daba vergüenza y temía que se los llevaran” los servicios sociales por la situación en la que estaban.
Altos responsables políticos, entre ellos varios ministros, están acusados de haber preferido cerrar los ojos ante estas disfunciones, de las que eran conscientes.
La dimisión del gobierno tiene lugar dos meses antes de las elecciones legislativas, previstas el 17 de marzo, y en plena crisis sanitaria, que ha obligado a imponer en el país las restricciones más estrictas desde el inicio de la pandemia.
Los primeros casos de este escándalo se remontan a 2014, cuando la Agencia Tributaria empezó a enviar cartas a más de 26 mil familias acusándolas sin fundamento de fraude para obtener ayudas con las que pagar las guarderías de sus hijos, y les exigieron devolver decenas de miles de euros recibidos en prestaciones en plazos que no superaban las semanas, lo que llevó a muchos a perder su casa, trabajo y a endeudarse para reunir el dinero.
Las autoridades fiscales, que seguía bloqueando las ayudas a pesar de que las familias enviaban los documentos necesarios para justificar su necesidad de obtener la prestación, no daban explicaciones a los afectados, demostrándose más tarde que eran en su mayoría familias de origen extranjero las que fueron objeto de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio.
Hace un mes, un comité parlamentario formado para investigar lo ocurrido concluyó en un informe que se había cometido una "injusticia sin precedentes" contra los padres, que recibieron un "trato institucionalmente sesgado", lo que "viola los principios del Estado de derecho", y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber “cometido errores”.
En diciembre, el gobierno holandés dijo querer pagar en los próximas cuatro meses al menos 30 mil euros (35 mil dólares) a cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.
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