En 1986, una ley que ordenaba el cierre de todos los hospitales psiquiátricos aspiraba a ser una revolución en la salud mental en España.
Bajo el esquema de “atención comunitaria”, la ley buscaba que los pacientes obtuvieran la ayuda que necesitaban de su entorno, cerca de familiares y amigos. Así, las personas con esquizofrenia u otros trastornos, podrían ser más autónomos y mejorar su calidad de vida.
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En la actualidad, el modelo español es reconocido como un ejemplo en Europa junto con otros países con políticas de atención comunitaria, como Inglaterra e Italia, pioneros en este campo.
En Italia se optó por cerrar todos los hospitales y crear pequeñas unidades residenciales, donde se produce un acompañamiento.
En Inglaterra, en los años 60 se inició un movimiento político para cerrar los hospitales psiquiátricos construidos en la época victoriana, debido a la sobrepoblación y, por ende, los bajos estándares y calidad de vida de los pacientes.
En 1971, el gobierno propuso la abolición completa del sistema de hospitales psiquiátricos y se empezó a adoptar un modelo de clínicas ambulatorias para pacientes mentales, que se basaban en servicios comunitarios, asistencia en viviendas y servicios de enfermeras y trabajadores sociales.
A pesar de algunas críticas por los cierres de hospitales psiquiátricos en Reino Unido, estudios indicaban que la mayoría de los pacientes que pasaron muchos años viviendo en asilos y después recibieron atención comunitaria, adquirieron habilidades de vida independiente, mejoraron su calidad de vida y no requerían reinternamiento.
El aspecto negativo consistió en que el modelo comunitario no era más económico que la atención hospitalaria, además de que las clínicas de salud mental que continuaron abiertas se convirtieron en lugares hostiles tanto para pacientes como para personal de salud, debido a que se reservaron para casos graves y de difícil atención que no pueden ser tratados en la comunidad.
Las malas condiciones exacerbaron los problemas para retener al personal calificado, lo que generó la contratación de médicos temporales y sin experiencia.
Aun así, en España se adoptó y adaptó este modelo y se optó por el cierre de los hospitales psiquiátricos.
Según datos del Ministerio de Sanidad, 3.7 de cada mil españoles sufren esquizofrenia. La solución por años fue apartar a estas personas de la sociedad y confinarlas en los llamados manicomios, donde en muchos casos permanecían por el resto de sus vidas en condiciones inhumanas.
Por ello, la reforma de 1986 prometía cambiar las condiciones de vida de miles de personas y sus familias con el cierre de los centros para enfermos mentales, aunque en la actualidad todavía existen más de 90 de ellos, sobre todo en zonas ricas del país como Cataluña o la Comunidad de Madrid, lo que conlleva problemas de desigualdad en el acceso a la salud mental.
Pese a esto, expertos y psicólogos consideran que la reforma en general ha sido positiva.
“Desde 1986 ha habido un cambio importantísimo que ha permitido humanizar la atención”, asegura la organización civil española Civio, que documenta y vigila la administración pública.
Para Civio, el modelo de atención comunitaria no busca la desaparición total de los centros psiquiátricos, ya que hay personas que no pueden reintegrarse a la sociedad debido a la gravedad de su trastorno, por la falta de recursos o porque pacientes que tiene recaídas deben ser internados, aunque sea por poco tiempo.
La reforma, sin embargo, trajo también el problema del abandono a su suerte de los presos con trastornos graves en las cárceles españolas, debido al déficit de personal de salud.
Ante el problema, hace unos años, el gobierno español anunció la construcción en Valencia de un centro con capacidad para 500 pacientes con trastornos mentales graves, lo cual fue criticado por decenas de ONG por ir en contra de los derechos humanos. La obra fue suspendida desde el 2012.
En la Península existen sólo dos cárceles psiquiátricas: una en Sevilla y otra en Valencia, con capacidad de 50 internos, pero ambas sufren de sobrepoblación y carecen de personal suficiente, lo que fue criticado como una forma de revivir los antiguos manicomios, prohibidos en la reforma de los ochenta.
De acuerdo con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la reforma estuvo incompleta y se pasó de instituciones psiquiátricas a “instituciones penitenciarias”.
En última instancia, el gran problema de la reforma española es la falta de profesionales como médicos familiares, trabajadores sociales o terapeutas.
En Europa, España está en último lugar tanto en el número de psiquiatras como en el de psicólogos por cada 100 mil habitantes, en gran parte debido al estigma que persiste sobre los enfermos mentales.
“Hay mucho desconocimiento en la sociedad y miedo a lo que llamamos la locura, a cómo va a estar el paciente o a lo que va a pensar el vecino”, considera la Asociación por la Salud Mental del País Vasco.