MADRID. El rapero Pablo Hasel, que debe comenzar una condena a nueve meses de cárcel por tuits en los que atacaba a la monarquía y a la policía, se atrincheró en una universidad para evitar su detención.

“Estoy encerrado junto a bastantes solidarios en la Universitat de Lleida, tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme” tuiteó Pablo Hasel.

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Una portavoz de la universidad de esa localidad catalana confirmó que Hasel se encontraba en el edificio del Rectorado con “una veintena” de simpatizantes, pero indicó que la situación era de calma y que la policía no se encontraba en el lugar.

Hasel tenía plazo hasta la noche del viernes para entregarse voluntariamente y empezar a cumplir la sentencia por el delito de enaltecimiento del terrorismo por sus mensajes publicados entre 2014 y 2016.

En esos tuits, llamaba, por ejemplo “mercenarios de mierda” a las fuerzas policiales y las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.

Hasel había dicho el viernes que no se presentaría por sus propios medios. “Tendrán que venir ellos a secuestrarme”, dijo desafiante en ese momento.

Además de realizarse manifestaciones en su apoyo en Madrid y Barcelona, unos 200 artistas, entre ellos Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Joan Manuel Serrat firmaron un manifiesto en su defensa.

Casos como el de Hasel han generado un amplio debate en España sobre los límites a la libertad de expresión.

Ante el escándalo, el gobierno del socialista Pedro Sánchez prometió la semana pasada que planteará “una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión”.

El objetivo es que se impongan penas “disuasorias” y no de cárcel. Su socio en el Ejecutivo, la formación de izquierda Unidos Podemos, ha pedido el indulto.

El caso de Hasel recuerda al del rapero balear Valtonyc, quien en 2018 se marchó a Bélgica horas antes de entrar en prisión para cumplir una condena por injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.

Bélgica ha rechazado la extradición solicitada por España hasta el momento, alegando que sus acciones no son delito bajo la ley belga.