Nueva York, Vermont y Connecticut se sumaron este martes a otros estados y condados de EU que han llevado a los tribunales una nueva regla contra migrantes considerados como "carga pública", anunciada por la Administración del presidente Donald Trump, basados en que causará "daño inmediato e irreparable" a sus residentes.

Los tres estados, a los que se unió la ciudad de Nueva York, acudieron a la corte federal para el distrito sur, en Manhattan, para impugnar la normativa, anunciada el pasado 12 de agosto, que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los migrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una "carga pública" para el país.

Bajo esta nueva regla, que entra en vigor el próximo 15 de octubre, un migrante legal que vive en Estados Unidos será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses.

Nueva York, Vermont y Connecticut argumentan en su demanda que la nueva definición de "carga pública" hecha por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no toma en cuenta la definición del Congreso del tema e ignora un siglo de jurisprudencia y leyes.

Indican, además, que la nueva regla convierte en un arma política la investigación que se hará para probar quién es una carga pública porque afecta, principal y específicamente a migrantes de color, con discapacidades y de bajos ingresos, explicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.

Los fiscales aseguran a la corte federal que la propuesta de Trump fundamentalmente malinterpreta el propósito de los programas no monetarios, que han sido diseñados para ayudar a los inmigrantes, que llegan a este país con medios limitados, para salir de la pobreza.

Esos beneficios incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros. La regla ya enfrenta dos demandas por dos condados en California y trece estados.

La iniciativa del Gobierno busca reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país al facilitar el rechazo de las solicitudes de los permisos de residencia, conocidos como "green cards" ("tarjetas verdes"), o algunos visados.

Los demandantes estiman que la nueva regla tendrá gran impacto en sus comunidades inmigrantes con la disminución de los participantes de los programas de cupones de alimentos, Medicaid y otros de asistencia para la vivienda, lo que conllevaría el aumento en los sin techo.