Lima.- El exministro peruano Enrique Cornejo se entregó este miércoles a la Justicia tras ser incluido en una orden de detención preliminar durante 10 días que también se dictó contra el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
Cornejo acudió a una emisora local y, tras enterarse de que agentes de la Policía lo esperaban a las afueras, informó que se iba a entregar sin oponer resistencia.
Estoy aquí tranquilo, seguro de decir la verdad y para colaborar con la policía.
El exministro de Vivienda y Construcción y de Transportes y Comunicaciones del régimen de García señaló que se presentó ante las autoridades "con el ánimo de explicar" las acusaciones de presunta corrupción que se le hacen.
"Soy inocente", enfatizó antes de agregar que es "muy lamentable" la decisión de García de dispararse un tiro en la cabeza, cuando los agentes policiales iban a detenerlo en su casa.
Lo lamento, y mi solidaridad con su familia
Previamente, Cornejo declaró en la emisora RPP Noticias que se entregaría "voluntariamente al Ministerio Público" y que dará "toda la información" que tiene.
"Es una decisión personal y me allanaré a los procedimientos que corresponden", señaló.
Sostuvo que la Fiscalía lo ha acusado "al haber emitido decretos de urgencia" y por considerar que eso "podría ser una actuación que podría favorecer determinada situación", pero aseguró que esos "dispositivos se hicieron de acuerdo a ley".
Detención de colaboradores de Alan García
Junto a García y Cornejo, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el gobierno del líder del Partido Aprista, y de Miguel Atala, exdirector de la petrolera estatal Petroperú, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus presuntos testaferros.
Las órdenes de detención fueron solicitadas por el fiscal José Domingo Pérez e incluyeron al hijo de Nava, José Nava Mendiola, al hijo de Atala, Samir Atala Nemi, y el exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico Oswaldo Plasencia.
Además, de Jorge Menacho, exsecretario general del Ministerio de Transportes, y Raúl Torres Trujillo, exfuncionario del organismo Provías Nacional.
El pedido de detención fiscal se hizo para profundizar las investigaciones por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado en la concesión de obras durante el segundo gobierno de García a la constructora brasileña Odebrecht.
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