La Fiscalía de Guatemala anunció este jueves que pedirá a la Corte Suprema de Justicia despojar al presidente electo, Bernardo Arévalo, de su inmunidad por daños en la ocupación de una universidad en 2022, lo que aumenta la incertidumbre a menos de dos meses de que asuma el cargo.
El fiscal Saúl Sánchez dijo en rueda de prensa que presentarán "los antejuicios" contra Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, para privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos, y procesarlos penalmente.
Rodeados de seguidores, afuera de los tribunales en la capital, Arévalo calificó como un "asalto contra la democracia" la decisión de la Fiscalía, criticada por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA.
"Las medidas espurias del Ministerio Público evidencian que el asalto contra la democracia y el Estado de Derecho continúa (...) Lo que estamos viendo es que la capacidad de ellos para fabricar casos no tiene límite", dijo a periodistas el presidente electo, junto a Herrera.
Arévalo, sociólogo socialdemócrata de 65 años y actualmente diputado, asegura que hay un "golpe de Estado en curso" para evitar su investidura el 14 de enero, pues enfrenta una "persecución" de la Fiscalía desde que dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, el 25 de junio.
Ahora es acusado de haber apoyado en redes sociales a académicos y estudiantes que ocuparon, de mayo de 2022 a junio de 2023, la estatal Universidad de San Carlos en rechazo a lo que denunciaron como elección fraudulenta de un rector vinculado al gobierno derechista de Alejandro Giammattei.
Los delitos que se le imputan a Arévalo y Herrera, además de a otros seis legisladores opositores, son "depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias", indicó Sánchez.
Antes de ese anuncio, la Fiscalía allanó varias residencias y detuvo a cinco opositores por la ocupación de la universidad, entre ellos una excandidata a diputada del partido Semilla de Arévalo. Además, giró órdenes de captura contra 27 estudiantes, académicos y activistas de varias organizaciones.
Nuevas sanciones de EU
El consultor de asuntos legislativos Víctor Valverth explicó a la AFP que "cualquier diligencia de antejuicio" contra el presidente y vicepresidenta electos "va a la Corte Suprema", cuyos nuevos magistrados fueron sorpresivamente elegidos el miércoles por el Congreso, de mayoría oficialista, un proceso pendiente desde 2019.
"Aquellos que intenten interferir con una transición pacífica hacia el presidente electo enfrentarán consecuencias", advirtió el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, en la red social X (antes Twitter).
Horas después, Washington retiró la visa a 11 personas "por socavar la democracia y el Estado de Derecho" en Guatemala, anunció el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, sin precisar identidades, elevando a 25 la cifra de sancionados recientemente con esa medida.
La Fiscalía abrió un nuevo frente contra Arévalo luego de conseguir inhabilitar a Semilla y de emprender varias acciones contra el Tribunal Supremo Electoral, que validó su triunfo en los comicios.
"Estas acciones no sólo ponen en peligro una transición ordenada del poder al nuevo gobierno, sino también la estabilidad y el sistema democrático de Guatemala en general", señaló un portavoz de la UE, Peter Stano.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala expresó su "preocupación por acciones que parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el Estado de derecho".
El secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que las nuevas acciones de la Fiscalía son de "carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo".
El miércoles, casi en simultáneo a la elección de los magistrados, la Corte Suprema anunció el rechazo a un recurso de Arévalo que buscaba frenar las acciones de la Fiscalía contra el proceso electoral y Semilla.
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Al cierre de la sesión parlamentaria por la noche, un grupo de manifestantes insultó y lanzó objetos a diputados. Este jueves el edificio estaba resguardado por cerca de 2 mil uniformados.
