CIUDAD DE GUATEMALA. Control sobre el poder judicial, procesos a periodistas, exclusión de candidatos presidenciales, criminalización de la protesta social y persecución a fiscales que combatieron la corrupción: el sistema democrático navega por aguas turbulentas en Guatemala a pesar de que hay elecciones el domingo.
En los últimos tres gobiernos se han reducido “los espacios de la democracia” e introducido “medidas de tipo autoritario para el control del país”, dice Bernardo Arévalo, candidato presidencial de un partido minoritario centroizquierdista.
El hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951) culpa de esto a los gobiernos derechistas de Otto Pérez (2012-2015), Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei, cuyo mandato culmina en enero de 2024.
Dice que el resurgimiento del autoritarismo fue reacción de poderosos sectores políticos y empresariales a la labor de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU que ayudó a destapar sonados casos de corrupción, entre 2007 y 2019.
La CICIG nació bajo el gobierno derechista de Óscar Berger (2004-2008) y continuó con el socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012). Sus investigaciones llevaron en 2015 a renunciar a Pérez, condenado por fraude en aduanas.
Pero su sucesor, Morales, puso fin a la CICIG en 2019 y Giammattei no intentó resucitarla.
SISTEMA DE CORRUPCIÓN
Además, el mandatario Giammattei ha mantenido a la cuestionada fiscal nacional, Consuelo Porras, quien emprendió una campaña de persecución contra antiguos fiscales anticorrupción y funcionarios de la CICIG.
Ocho exfiscales han sido arrestados y otros 30 se han exiliado, según Human Rights Watch. Washington incluyó a Porras en 2021 en su lista de “actores corruptos”.
“La CICIG tuvo la virtud de evidenciar y desnudar un sistema de corrupción que todos sabíamos que existía. El problema es que fue tan eficiente que terminó por unificar a los corruptos”, dice el candidato guatemalteco Arévalo.
Los grupos que habían perdido con las investigaciones de la CICIG “regresaron con mayor fuerza”, indica Edie Cux, director del capítulo local de la ONG Transparencia Internacional.
“Se está consolidando un régimen, no una dictadura tradicional, sino una dictadura corporativa, que es mucho más peligrosa porque no hay una figura visible”, explica Cux.
Los 13 magistrados de la Corte Suprema terminaron sus mandatos hace tres años, pero siguen en funciones por tecnicismos. Sus fallos suelen favorecer al gobierno de Giammattei.
Hace dos semanas, el dueño de un diario crítico del gobierno, José Rubén Zamora, fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, en un juicio denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Su rotativo, fundado en 1996, dejó de publicarse el 15 de mayo.
El proceso electoral en curso también es cuestionado debido a la marginación de dos candidatos con opciones: el empresario derechista Carlos Pineda y la indígena de izquierda Thelma Cabrera.
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Pese a todos los cuestionamientos, Giammattei afirmó el viernes que Guatemala tiene “una democracia sólida”.
Este día, unos 9.4 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor de Giammattei.
La exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres encabeza la intención de voto (21.3 por ciento), seguida por el exdiplomático centrista Edmond Mulet (13.4 por ciento), según la última encuesta de la firma ProDatos.
En tercer lugar (9.1 por ciento) figura la derechista Zury Ríos y cuarto el oficialista Manuel Conde (5.8 por ciento).
