GUATEMALA. Miles de guatemaltecos mostraron su repudió al presidente del país, Alejandro Giammattei, y exigieron su dimisión, junto a la de la fiscal general, Consuelo Porras, en una jornada de marchas y bloqueos convocados como parte de un paro nacional.
La indignación social se desató luego de que Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el último bastión para la investigación de casos de corrupción de políticos y empresarios.
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“Hoy es un día de victoria para todos los pueblos. Es un día de unidad que nosotros hemos soñados, donde dejamos la diferencia los xincas, los ixiles, los garífunas, los mestizos y los mayas”, expuso ante la multitud el líder indígena Martín Toc en el departamento de Totonicapán, donde se registraron masivos plantones.
El paro general había sido convocado por Toc, como presidente de la organización 48 cantones de Totonicapán, además de otros sectores sociales, y pese al rechazo de la cúpula empresarial, las protestas en contra de Giammattei y Porras tuvieron eco en gran parte del territorio.
Otro de los líderes de la manifestación en Totonicapán, José Santos Sapón, dijo que “repudian” las “acciones tomadas” recientemente por Giammattei y Porras y “lo que se pide es la renuncia de ambos”.
Además de Totonicapán, en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Sololá, Escuintla y Huehuetenango hubo protestas.
En Quiché, la líder indígena y ganadora del premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, comandó una manifestación en la que aseguró que “los mañosos se han quedado con el Palacio Nacional, se quedaron con el sistema legal” y “ahora los ladrones son profesionales”.
Menchú resaltó que “lo más importante es que nos unamos” y “fuera Consuelo Porras y juicio y castigo a los responsables de la corrupción y la impunidad”.
La Ciudad de Guatemala exhibió junto a Totonicapán la mayor cantidad de manifestantes este jueves, con una gran parte de las protestas frente al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que dirige Porras, en el centro de la urbe capitalina.
“Demandamos la renuncia de Porras y del presidente Giammattei”, dijo a periodistas la diputada opositora Lucrecia Hernández Mack, de la bancada Semilla, en las afueras de la Fiscalía, en compañía de poco más de 10 legisladores.
“Estamos cansados de la cooptación que se ha venido dando de todas las instituciones del sistema de Justicia y del Ejecutivo”, añadió Hernández Mack.
Tras ser removido de su cargo y antes de salir exiliado vía El Salvador ante las amenazas contra su vida, las palabras de Sandoval en una rueda de prensa tuvieron bastante eco en el país.
El fiscal explicó en una maratónica conferencia que Porras, quien tomó posesión en 2019, ha detenido varias pesquisas en contra del Gobierno de Giammattei.
“Su intención (de Porras) es proteger a sus amigos que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”, aseveró.
La decisión de la fiscal de remover a Sandoval del cargo -alegando pérdida de confianza- fue duramente criticada por Estados Unidos, organismos internacionales y organizaciones guatemaltecas.
“ALIANZA CRIMINAL”
La exdirigente estudiantil guatemalteca Lenina García, una de las protagonistas de la lucha social contra la impunidad en Guatemala durante los últimos años, asegura que los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) se encargaron de “limpiar la mesa” para la corrupción.
García, de 29 años, explicó en entrevista que los dos promovieron una “alianza criminal” con cierto éxito gracias a la respuesta de los sectores económicos que se vieron golpeados por las investigaciones de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que permaneció en el país centroamericano de 2007 a 2019 e imputó a más de 200 personas.
Ambos gobiernos “se han encargado de limpiar la mesa, de remover a todos los actores sociales políticos, como la Cicig, de poner cortes a su antojo y cooptar la Corte Suprema”, expuso García.
Lenina García participó como estudiante en las grandes manifestaciones de 2015 entre abril y septiembre que culminaron con la caída del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, señalados por la Cicig y el Ministerio Público de liderar una estructura de defraudación aduanera y lavado de dinero.
