La desaparición de la concentración de 30 mil migrantes que arribaron desde el 9 de septiembre a la frontera Ciudad Acuña, Coahuila-Del Río, Texas y la eventual solicitud de asilo a 12 mil 400 haitianos, refleja una eficaz gestión migratoria de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
“Fue una respuesta a la visibilidad internacional y a los efectos de los excesos de contención de algunos miembros de la Patrulla Fronteriza, que no se corresponden a la visión humanitaria propuesta por el gobierno de Biden hacia los migrantes”.
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Y tal visión humanista se puede apreciar en el ingreso de cerca de 60 mil menores no acompañados a Estados Unidos en los últimos 4 meses. Situación nunca vista en la política migratoria estadounidense.
Así lo analiza el doctor José María Ramos, profesor-investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF).
Señala que un tema central es “sí con la desaparición de la concentración de los migrantes haitianos se resuelve su problema y de cerca de un millón de personas deportadas por Estados Unidos en los primeros 8 meses de este año y de los cuales, cerca de 40 por ciento pretenden reingresar o ya lo hicieron a Estados Unidos. De ese total, se estima que un 60 por ciento son mexicanos.
Sostiene que el papel de los traficantes de personas migrantes ha sido y será central. “Tuvieron la capacidad de movilizar entre 8 mil a 12 mil haitianos en pocos días. Han movilizado a la mayor parte de migrantes retenidos por autoridades migratorias estadounidenses”.
Considera que la coyuntura y los efectos laborales de la pandemia y la flexibilización en la actual política migratoria estadounidense, generaron un área de oportunidad para los traficantes de migrantes.
Afirma el doctor Ramos que “la propuesta de solución de estos flujos migratorios no es viable en el corto plazo”.
En el caso de Haití, sería deseable mayor compromiso con una política de gobernabilidad y de eficaces políticas para promover el crecimiento en la nación caribeña.
“Es importante que la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional y de la Fundación Interamericana, puedan canalizar financiamiento para fines de asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y salud para los países involucrados, como sucedió con la asistencia para atender la problemática de los migrantes venezolanos”, precisó.
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Sobre esto, recordó que los migrantes venezolanos -cerca de 5 millones-, desde 2017 han recibido más de 1.9 mil millones de dólares, incluidos 1.65 mil millones de dólares en asistencia humanitaria dentro de Venezuela y en la región, de acuerdo al Departamento de Estado.
También señaló en su análisis, que el gobierno estadounidense tendrá que asumir los costos de una limitada agenda de corresponsabilidad migratoria, según los siguientes efectos:
Flujos migratorios permanentes; control y flexibilidad migratoria; propuestas sin concretizar para atender las causas de origen de los flujos; polarización del tema migratorio a nivel nacional y, en particular con la agenda del Estado de Texas.
También, por el limitado aval político del partido Republicano a la propuesta de una reforma inmigratoria del partido Demócrata; el aumento de riesgos de contagio de Covid-19 y por flujo de migrantes y ausencia de protocolos sanitarios.
Sobre la polarización del gobernador Gregg Abbot de Texas, comentó que se mantendrá con una política de contención migratoria y abierta confrontación con el gobierno federal.
El gobernador texano pretende asegurar la frontera y detener a los migrantes. Utilizará la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas para evitar la migración irregular, por cuya frontera cruza cerca del 60 por ceinto de los migrantes, dijo.
Considera que esta polarización reabre el debate de los costos políticos y, en parte económicos, de la migración en las fronteras, ante los alcances de la política migratoria del gobierno federal estadounidense.
También señala que en los recientes encuentros regionales e internacionales de la CELAC y la ONU, no enfatizaron políticas hacia una mayor y eficaz corresponsabilidad y compromiso con la agenda migratoria regional.
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“El gobierno de Estados Unidos no aprovechó esos dos espacios para plantear una agenda migratoria multinivel y acorde al contexto de la pandemia. No obstante, los aportes de las agencias como ACNUR, OIM, OMS, OPS y UNICEF a la gestión y política migratoria en las fronteras con México”, subrayó.
Y finalmente, comentó que la actual gestión y la política migratoria del vecino país del norte, visibiliza la necesidad de conceptualizar y definir políticas con base de una eficaz gobernanza multinivel y multidimensional.
Esto es migración, seguridad fronteriza pública y nacional, salud, empleos, derechos humanos, cruces fronterizos, marco normativo de asilo y refugio, familia y menores no acompañados.
