TEGUCIGALPA. La presidenta Xiomara Castro anunció una intervención “dura” de los centros penales de Honduras luego de que enfrentamientos simultáneos entre pandilleros en cuatro cárceles dejaron un muerto y siete heridos.
“Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales”, indicó Castro en uno de cinco mensajes divulgados en su cuenta de Twitter.
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Dijo que la “intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad de los encausados, sus familiares y defensores”.
“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles, hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”, señaló la presidenta hondureña.
Agregó que “12 años de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado, no se arreglan en 12 meses”.
Castro dijo que anunciará hoy los nombramientos y las primeras medidas de emergencia.
La intervención en las cárceles fue anunciada tras registrarse el sábado amotinamientos y tiroteos simultáneos en cuatro prisiones de Honduras, que dejaron un pandillero muerto y siete heridos, según el informe preliminar del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Luego del anuncio de Castro, una nueva reyerta se registró ayer en la denominada “cárcel de máxima seguridad” de Ilama, departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.
El estado de excepción y el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen aprobado en Honduras para frenar la violencia, avivó el debate sobre la participación de militares en tareas de seguridad.
El especialista en criminalística Gonzalo Sánchez ve con buenos ojos la implementación del estado de excepción y la incorporación de las Fuerzas Armadas de Honduras en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.
La violencia que azota al país constituye “una emergencia nacional”, por lo que Sánchez dijo que utilizar militares en labores de seguridad pública podría ser la solución para combatir la ola de criminalidad: en promedio se registran entre diez y quince homicidios diarios.
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El gobierno aprobó el viernes el Plan Nacional y la ampliación por seis meses más del estado de excepción, que rige parcialmente desde febrero pasado, en una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que encabeza Castro.
Pero la Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, indicó que el estado de excepción podría derivar en “detenciones arbitrarias” que pueden favorecer “escenarios de tortura y desapariciones forzadas”
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