TEHERÁN. Siete personas, entre ellas dos mujeres, fueron ahorcadas en Irán el sábado, en un momento en que la República Islámica intensifica el uso de la pena de muerte con fines políticos, según la ONG IHR (Iran Human Rights), con sede en Noruega.
Parvin Musavi, de 53 años, madre de dos hijos, fue ahorcada en la prisión de Urmia, junto a cinco hombres, todos ellos condenados por tráfico de drogas, afirmó el IHR en un comunicado.
En Nishapur, en el este, una mujer de 27 años, identificada como Fatemeh Abdulahi, fue ahorcada por el asesinato de su marido, que era su primo.
El IHR afirma que en lo que va de año se contabilizaron 223 ejecuciones, de las cuales al menos 50 fueron en el mes de mayo, tras una aceleración de las ejecuciones luego del fin del año nuevo persa y del Ramadán en abril.
Irán es uno de los países que más recurre a la pena capital junto a China y Arabia Saudita y las ejecuciones se llevan a cabo por ahorcamiento.
La República Islámica ejecuta a la mayor cantidad de mujeres del mundo, según grupos de derechos humanos, que afirman que muchas son víctimas de matrimonios forzados o abusivos.
En 2023 al menos 22 mujeres fueron ejecutadas, el número más alto en la última década, informan las ONG.
IHR afirmó que Musavi había estado detenida durante cuatro años antes de su ejecución.
La organización afirma además que un hombre perteneciente a la comunidad judía iraní, que se redujo notablemente en los últimos años pero sigue siendo la más grande de Oriente Medio fuera de Israel, corre el riesgo de una ejecución.
Arvin Ghahremani, de 20 años, fue condenado por asesinato durante una pelea callejera cuando tenía 18 años y su ejecución está prevista el lunes.
El 15 de mayo, un preso religioso de la minoría kurda también fue ejecutado tras permanecer más de 15 años en la prisión de Ghezelhesar, informó la IRH, además de la ONG Hengaw, también con sede en Noruega.
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Khosro Besharat fue el sexto acusado de un grupo de personas de confesión suní detenidas en 2009 que es ejecutado en los dos últimos meses, señalaron las ONG que denunció que todos ellos fueron objeto de torturas físicas y psicológicas.
Actualmente existe una petición de expertos de Naciones Unidas, quienes urgieron a las autoridades iraníes a revocar la sentencia a muerte del activista Mahmoud Mehrabi, condenado recientemente por haber publicado información sobre cómo fabricar armas caseras durante las protestas desatadas por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini en 2022.