BARCELONA. Doce líderes independentistas catalanes acudieron al Tribunal Supremo español para enfrentar el juicio por su papel en la ofensiva separatista de 2017, un proceso que reabrió heridas históricas y desencadenó la mayor crisis política en el país en décadas.
Uno de los temas que se dirimirán es si los líderes catalanes independentistas deben permanecer en prisión. La fiscalía pide penas de hasta 25 años de cárcel por cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos, en un juicio transmitido por televisión.
Los debates de esta primera jornada estuvieron dominados por las cuestiones previas de las defensas y en ellas la discusión se mantuvo en términos muy civiles, con argumentos jurídicos, incluso si no faltaron reproches al supuesto carácter político del juicio.
En sus cuestiones previas, muchos de los abogados defensores plantearon, con diversos argumentos, dudas sobre aspectos del procedimiento que supuestamente atentan contra principios básicos de la democracia, e insistieron en que a su juicio los hechos que se imputan a los encausados no implican los delitos de sedición o rebelión de los que se les acusa.
DEFENSA INTERNACIONAL
El letrado Andreu Van den Eynde, defensor de los acusados Oriol Junqueras y Raül Romeva, se llevó buena parte del protagonismo al asegurar, en la primera intervención, que se está ante un juicio político que ha "criminalizado" cuestiones como el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
Varios sectores de España se han unido al llamado de defensa de los líderes independentistas, personajes destacados del mundo cultural, deportivo y diplomático han exigido un proceso justo.
La Plataforma de Diálogo UE-Cataluña, que reúne a una treintena de eurodiputados, denunció el inicio de un "juicio político" en España contra los 12 líderes separatistas catalanes, llamando a la Unión Europea a buscar una solución.
"Este proceso que comienza es una vergüenza no sólo para el Estado español, sino también para la UE", aseguró la eurodiputada italiana de izquierda radical Eleonora Forenza.
El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, calificó de "injusto" el juicio y reafirmó el compromiso del club con una solución política.
"Tenemos la impresión de que nos juzgan a todos los catalanes", aseguró el actor Sergi López, frente al histórico juicio. "A veces parece que el veredicto ya está decidido, por eso quiero pedir a Europa que esté atenta al juicio", agregó.
El expresidente catalán Carles Puigdemont dijo que el juicio contra los líderes independentistas de la región por su papel en el fallido intento secesionista de 2017 es una prueba para la democracia española.
Puigdemont, principal protagonista del intento de secesión de Cataluña en 2017, es el gran ausente del juicio, aunque en su sombra planea un proceso que quiere aprovechar para europeizar su causa.
DEMOCRACIA BAJO ESCRUTINIO
El caso también pone en el centro de atención el funcionamiento de la democracia española -relativamente joven para los estándares europeos- y la sitúa bajo su mayor escrutinio desde el fallido golpe de Estado de 1981.
Partidarios de los líderes independentistas dijeron que los acusados son presos políticos y que el juicio está politizado, una visión que es rechazada por el Gobierno, que considera que los acusados incumplieron la ley y que el proceso judicial se está realizando de manera independiente.
Nueve de los acusados se encuentran en prisión sin posibilidad de fianza desde fines de 2017 o principios de 2018.
El inicio del juicio coincide con un momento difícil para el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que controla menos de un cuarto de los escaños del Congreso y enfrentará hoy una votación sobre los presupuestos del país para 2019. En caso de no aprobarse el plan presupuestario, podrían celebrarse elecciones generales este año.
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