Alrededor del mundo, el esfuerzo de miles de mujeres ha logrado importantes avances para hacer valer sus derechos y para que las leyes y su aplicación no se tornen en su contra cuando hay un hombre infringiéndolas.
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Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, y una clara muestra de ello es un caso que ganó relevancia recientemente, en el cual Paola Schietekat, una joven mexicana que trabajaba en Doha, capital de Qatar, fue sentenciada a recibir 100 latigazos y pasar siete años en prisión tras haber denunciado una violación.
Fuera de contexto la situación es a todas luces paradójica; sin embargo, vista desde la legislación catarí es perfectamente coherente.
A pesar de que Qatar cuenta con uno de los marcos legales más liberales en el mundo árabe, éste continúa violentando en muchos sentidos los derechos fundamentales de las mujeres.
En el caso de la joven mexicana que trabajaba para el organismo encartado de la organización del mundial Qatar 2022, la sentencia que se le impuso está basada en el artículo 281 del Código Penal catarí.
En él se establece que las relaciones sexuales consensuadas fuera del matrimonio se castigan con hasta siete años de prisión para ambas partes, y si las personas infractoras son musulmanas, al castigo se pueden agregar hasta 100 latigazos.
Ahora, Schietekat denunció una violación, lo que está penado apenas dos artículos antes que la relaciones extramaritales; no obstante, en caso de no poder comprobar la violación, la mera denuncia se convierte en una admisión de haber sostenido relaciones extramaritales.
Las zinas –como son conocidas todas las interacciones sexuales ilícitas– son sólo una de las manifestaciones más visibles de violencia sistemática contra las mujeres en los países musulmanes.
Como se dijo antes, Qatar cuenta con uno de los marcos legales más respetuosos de los derechos humanos de las mujeres entre los países árabes, aunque esto no significa que no se pueda hacer más al respecto.
El tutelaje masculino sobre las mujeres es otro de los aspectos que condiciona el ejercicio de sus derechos fundamentales en el país.
Obtener una beca, un permiso para contraer matrimonio o aplicar para un empleo es imposible para una mujer si no cuenta con el beneplácito de su guardián, que generalmente es un hombre de su familia –padre, hermano, o abuelo cuando es soltera, y su marido cuando es casada.
En el mismo sentido, las mujeres solteras menores de 25 años no pueden salir de Qatar sin permiso de su guardián. Hasta enero de 2020, el permiso era requerido también para conseguir una licencia de manejo.
Según reportes de Human Rights Watch (HRW) y de ONU Mujeres, aunque Qatar establece en su Constitución que no debe existir discriminación, varias de sus leyes legitiman la subordinación de la mujer hacia el hombre.
En el caso de las parejas el panorama no luce mucho más alentador para las mujeres: al heredar la tutela de los familiares hombres, el marido recibe el poder de la toma de decisiones sobre la vida de su esposa.
Por otro lado, aunque las madres comparten la custodia de sus hijos –hasta los 13 años si es hombre y a los 15 si es mujer–, la tutela recae sobre el padre y todas las decisiones sobre ellos deben ser tomadas por él.
La madre ni siquiera puede realizar el trámite para la identificación de sus hijos o para obtener su pasaporte.
Igualmente, a diferencia del hombre, la mujer tiene sólo unas pocas posibilidades para justificar una solicitud de divorcio, mientras que el hombre incluso puede omitir la responsabilidad de notificar a su pareja que inició este trámite, y en caso de que se de el divorcio, la tutela de los hijos, si los hay, la mantiene el padre, salvo algunos casos excepcionales.
En el ámbito de la violencia sexual, aunque el delito de violación está tipificado en la legislación catarí incluso dentro del matrimonio, la cláusula de obediencia establece la obligación de las mujeres a mantener relaciones sexuales con sus maridos a no ser que tengan razones legitimas –lo que sea que eso signifique– para negarse.
Esto hace que, aunque se lleguen a dar este tipo de agresiones dentro de la pareja, lo más probable es que nunca lleguen a un tribunal, ya que existe una especie de contradicción dentro de las leyes.
La legislación de Qatar tampoco contempla la violencia doméstica como un delito.
De acuerdo con HRW, existen también algunas reglas cuya fundamentación legal no está clara, pero son establecidas por el Ministerio del Interior, como que una mujer no puede entrar a un lugar donde se sirve alcohol o que aquellas menores de 30 años que no estén casa no pueden rentar una habitación de hotel.
En los últimos años varias mujeres en el extranjero han denunciado el ambiente hostil que enfrentan las mujeres en Qatar, y la severa desventaja en la que se encuentran con respecto a los hombres.
Sin embargo, la reacción del gobierno catarí a estos movimientos en más de una ocasión terminó con la persecución de mujeres al interior del país.
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