PARÍS. Los disturbios y enfrentamientos estallaron en Francia en otra jornada de protestas contra la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, cuyo gobierno rechazó una nueva demanda de los sindicatos para reconsiderar el proyecto de ley impopular, enfureciendo a los líderes sindicales.
La participación fue de 740 mil personas, según las autoridades, y a “más de dos millones”, según el sindicato CGT, en la décima jornada de protestas desde enero. Los sindicatos llamaron de nuevo a manifestarse el jueves 6 de abril.
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Las centrales sindicales son la punta de lanza de la movilización contra el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, pero la decisión el 16 de marzo de Macron de aplicarla por decreto radicalizó las protestas.
Los disturbios e incidentes entre manifestantes y las fuerzas de seguridad continuaron ayer en decenas de ciudades de Francia, de Lille (norte) a Toulouse (sur), pasando por Rennes (oeste) o Lyon (este).
En la capital, las fuerzas de seguridad detuvieron a 55 personas y llevaron a cabo 10 mil controles.
En Nantes, al oeste del país, se incendió la fachada de una sucursal del banco BNP Paribas. También en el oeste de Francia, los manifestantes bloquearon la circunvalación de Rennes e incendiaron un auto abandonado. En la ciudad normanda de Ruán, las autoridades confirmaron que hubo enfrentamientos.
Aunque el gobierno, que movilizó a 13 mil agentes, busca criminalizar las protestas y socavar el apoyo a estas, la actuación policial se encuentra en el punto de mira tras las críticas de ONG de derechos humanos e incluso del Consejo de Europa.
Las imágenes de batalla campal volvieron a la primera plana el sábado durante las protestas contra un embalse agrícola destinado a la agroindustria en Sainte-Soline, que dejaron dos manifestantes en coma.
En ambos casos, “hay un uso desproporcionado de la fuerza que ya habíamos denunciado durante (la protesta social en 2018 y 2019 de) los chalecos amarillos”, dijo Jean-Claude Samouiller, de Amnistía Internacional.
En este contexto, el gobierno y los sindicatos aseguran buscar una manera de calmar los ánimos, pero campan en sus posiciones: las centrales sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma, y Macron dice no.
El líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger, aseguró en la noche que la primera ministra, Élisabeth Borne, había invitado a todas las centrales a una reunión la próxima semana, en una fecha por confirmar, a la que asistirán.
Berger indicó que aportarán “propuestas” como buscar una “mediación” para hallar una vía de salida al conflicto, un pedido que el vocero del gobierno, Olivier Véran, rechazó en la mañana, pero que el partido centrista Mo Dem, aliado de Macron, apoyó.
Verán había rechazado de forma tajante la propuesta sindical de buscar una mediación para superar la crisis a cambio de frenar la aplicación de la reforma.
“No hacen falta mediadores”, aseguró Verán en una rueda de prensa, en la que recalcó que la polémica reforma ya se ha aprobado y que cualquier diálogo con los sindicatos tiene que ser “para avanzar, no para volver hacia atrás”.
Los principales líderes sindicales recibieron la negativa, mientras que se disponían a comenzar las 250 manifestaciones convocadas por todo el país.
“Es insoportable que la respuesta sea el rechazo”, declaró el líder del principal sindicato del país, Laurent Berger (CFDT) , antes de comenzar la manifestación.
El presidente liberal se halla bajo presión. Su gobierno defiende que la reforma es crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones, pero esta carece de apoyo sindical y popular, y un sostén incierto en el Parlamento.
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Macron continúa “gobernando como si todavía tuviera una mayoría absoluta”, alerta la politóloga Camille Bedock, para quien todo se orienta a “un cara a cara entre el poder y la calle”, ya que los cuerpos intermedios, como sindicatos y el Parlamento, no pueden desempeñar su papel.
Mientras tanto, los sindicatos no tiran la toalla y a ellos se unen los jóvenes, mucho más numerosos en las últimas dos jornadas de protesta.
