Ante la nueva oleada de migrantes a su frontera sur, el gobierno de Estados Unidos ha definido una estrategia basada en principio en la inversión de 861 millones de dólares para el desarrollo del sur de México y las naciones de Centroamérica. Pero en Guatemala, El Salvador y Honduras la única respuesta para frenar a los indocumentados ha sido la militarización de sus fronteras.
Especialistas consultados por El Sol de México consideran que el problema es que la crisis migratoria que padece la región desde hace años no parece ser una prioridad para los gobiernos de Jimmy Morales (Guatemala), Juan Orlando Hernández (Honduras) y Nayib Bukele (El Salvador), los dos primeros debilitados políticamente tras varios señalamientos de corrupción y de supuestos vínculos con el crimen organizado, mientras que en el caso del salvadoreño Bukele, quien tomó posesión el 1 de junio de 2019, su estrategia de gobierno para frenar la migración es todavía una incógnita.
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El problema de los gobiernos centroamericanos, explica Javier Urbano, especialista en temas migratorios de la Universidad Iberoamericana (Ibero), es que no han atacado las causas estructurales de la migración y sólo se han dedicado a beneficiarse de programas como el denominado Estatus de Protección Temporal (TPS), que por años sirvió de alivio a la migración de Honduras y El Salvador; así como a recibir el apoyo económico desde la Casa Blanca, sin resolver la pobreza y la violencia, principales causas de la migración.
Mientras que el gobierno guatemalteco, agrega Urbano, sólo ha reforzado su política migratoria enviando más militares a sus fronteras y se ha dedicado a romper las caravanas o hacerles pruebas de ADN, sin que mejoren las condiciones de las comunidades mayas, las cuales representan la mayoría de los migrantes guatemaltecos que han sufrido una exclusión y persecución histórica y que tienen las peores condiciones de desarrollo humano del hemisferio.
El gobierno de Hernández en Honduras, según Eduardo Bueno, profesor e investigador de la Universidad de las Américas, mantiene una respuesta similar en la frontera norte: reforzar la presencia de oficiales. “El año pasado, miles de hondureños formaron parte de la caravana migrante que demostró la incapacidad del mandatario para frenar la violencia que desangra al país. Fue un golpe que el mundo se enterara que su gente está saliendo o que el Estado no está funcionando, pero también la oportunidad de hacer lo que quería Estados Unidos: militares deteniendo a la gente, con la frontera cerrada, para evitar que salieran”, explica el experto.
Para Bukele, en El Salvador, el panorama no es mejor, ya que la nación centroamericana aceptó desde 2019 un acuerdo con Washington para que migrantes salvadoreños demandantes de asilo en EU sean devueltos a su país pese al peligro que corren.
Por su parte, México presentó a mediados de 2019 el llamado Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, elaborado junto al brazo de la ONU para el desarrollo en la región (la Cepal) y que pretende impulsar inversiones millonarias para generar empleo y bienestar para combatir las causas de la migración.
El plan, sin embargo, no prosperó con la administración de Donald Trump, que nunca completó los 10 mil millones de dólares que prometió para impulsar a Centroamérica. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca ahora reimpulsar este acuerdo con el gobierno de Joe Biden, quien ha condicionado la ayuda económica al combate a la corrupción en la región.
Por lo pronto, México también ha accedido a reforzar su frontera sur con el envío de más militares, además de imponer medidas sanitarias con las que ha cerrado prácticamente su frontera con Guatemala a los migrantes.
Pablo Pérez Akaki, investigador de la Fundación Pablo Landsmanas, critica lo que considera la “criminalización” de la migración y la respuesta de militarizar las fronteras para impedir el paso de los migrantes, en detrimento de medidas que combatan las causas de esa migración, como la miseria, la violencia que desangra al Triángulo Norte, la falta de oportunidades para los más jóvenes y la falta de acceso a servicios básicos de calidad.
“La solución al problema migratorio tiene que venir de un proceso interno de las sociedades para lo que se requiere una estructura que se debe ir creando paralelamente con recursos y con una permanencia institucional de largo de plazo, externa, de agencias de desarrollo interesadas a trabajar a largo plazo para reducir la pobreza, la violencia, la corrupción, para que la gente no opte por salir de sus lugares de origen”, afirma.
Para Aidé Mendoza, investigadora en la Universidad Anáhuac, se debe cambiar el enfoque de control migratorio en el que sólo se alienta a los migrantes a no salir de sus países y crear uno en el que se planteen oportunidades reales de regularización.
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