Al menos 22 periodistas nicaragüenses, críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, han sido declarados "traidores a la patria" y despojados de su nacionalidad, denunció este jueves el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
"Entre el grupo de (317) personas despojadas de su nacionalidad y de todos sus bienes totalizan más de 20 periodistas y personas dedicadas a la comunicación y dirección de medios de comunicación independientes", indicó el PCIN en un pronunciamiento, en el que rechazó "la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo".
Entre los periodistas afectados el miércoles figuran Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset y director de Confidencial y Esta Semana; Wilfredo Miranda, colaborador en Nicaragua del diario español El País y ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018.
También los directores de medios digitales Lucía Pineda (100 % Noticias), Luis Galeano (Café con Voz), Jennifer Ortiz (Nicaragua Investiga), Patricia Orozco (Onda Local), Manuel Díaz (Bacanal Nica), Álvaro Navarro (Artículo 66), David Quintana (Boletín Ecológico), Aníbal Toruño (Radio Darío), Santiago Aburto (BTN Noticias) y Jimmy Guevara (Criterios).
Asimismo, los comunicadores Sofía Montenegro, Silvia Nadide Gutiérrez y Camilo de Castro Belli, hijo de la poetisa Gioconda Belli, a quien también le retiraron su nacionalidad.
"Previamente el régimen había aplicado la medida de despojo de la nacionalidad nicaragüense a los colegas excarcelados políticos: Miguel Mendoza, Miguel Mora, Manuel Antonio Obando, Wilberto Artola, Sergio Cárdenas, Cristiana Chamorro y Juan Lorenzo Holmann", este último gerente general del diario La Prensa, precisó PCIN.
"Desde esta organización expresamos nuestra solidaridad para cada una de las víctimas de esta nueva acción arbitraria y alejada de toda legalidad, normas y convenios internacionales", indicó esa organización, que observó que el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie "se le privará arbitrariamente de su nacionalidad".
"Son unos ladrones", dijo Lucía Pineda, una de las periodistas afectadas y de las primeras en reaccionar.
"Dios me va a devolver lo que me están robando. Ellos piensan que nos van a callar quitándome la nacionalidad", agregó la comunicadora, quien aseguró estar "tranquila, pero la dictadura y sus demonios no".
En tanto, Chamorro comentó en un video que con todas estas "acciones delictivas", que están prohibidas de forma taxativa por la Constitución, "los dictadores Ortega y Murillo están reafirmando que, desde hace muchos años, Nicaragua dejó de ser una sociedad en la que se respeta la ley y la Constitución para imponer únicamente la ley de la venganza, el capricho y el odio contra los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad libre y democrática".
"Al imponer la ley de la selva, Ortega y Murillo están cavando su propia tumba a exhibir la enorme debilidad política de su régimen", consideró.
Por su lado, Miranda opinó en un escrito que "el arrebato de nuestra nacionalidad envía un mensaje de radicalización total y desespero" por parte de Ortega y Murillo.
"Esta venganza es de una vileza insospechada: después de perseguirnos y acosarnos, los dictadores siempre encuentran una forma de imponer récords de salvajismo político y humano; escenarios inéditos en la historia de Nicaragua que ni los Somoza, por ejemplo, cometieron al despojar a los exiliados de sus bienes (...). Traidor a la patria son quienes destierran, no los desterrados", anotó.
"El prófugo de la justicia y traidor a la patria es Ortega. En su furia y odio desenfrenado olvida que mi nacionalidad y mi dignidad no son sujeto de confiscación. Mi lucha sigue, lo material se repone, la moral es inquebrantable", comentó, por su lado, Aníbal Toruño.
"¡Por Nicaragua y por su libertad: el periodismo no parará!", escribió Jennifer Ortiz, directora del medio Nicaragua Investiga.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
