NUEVA YORK. Desbordadas por la avalancha de inmigrantes, las autoridades neoyorquinas urgen al gobierno federal a que acelere los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo y más ayudas para hacer frente a un problema que deberían repartirse todas las ciudades del país.
Con el 40 por ciento de los hoteles de entre 51 y 200 habitaciones ocupados por solicitantes de asilo, el alcalde de la ciudad, el demócrata Eric Adams, ha empezado a enviar inmigrantes a otras localidades del estado de Nueva York para "descomprimir" las infraestructuras de acogida, pese a la oposición de comunidades receptoras. Así, baraja limitar la estancia en los alojamientos a cuatro meses.
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También evalúa utilizar gimnasios de colegios públicos y hasta hangares del aeropuerto internacional JFK para alojar a los nuevos llegados.
Solo la semana pasada llegaron a esta ciudad de la costa este más de 5 mil 800 migrantes y la anterior otros 4 mil 200, según Adams, para quien la "ciudad está pagando por un problema nacional".
Actualmente, las arcas de la ciudad -que por ley tiene que proporcionar un techo a todo aquel que lo solicite-, proporcionan a 42 mil de las 70 mil personas llegadas en el último año un año alojamiento, comida, atención médica o educación. Mayoritariamente, estos llegaron en autobuses fletados desde estados gobernados por republicanos, en particular de Texas.
RECURSOS MILLONARIOS
Según declaró Adams el domingo pasado a la cadena MSNBC, la avalancha de inmigrantes, principalmente de Centroamérica y América del Sur -en particular desde Venezuela-, le ha costado a la ciudad "más de mil millones de dólares" y para este próximo año se "proyecta gastar más de cuatro mil millones".
La ciudad ha recibido 30 millones de dólares de los 350 que ha consagrado la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) por la crisis migratoria.
Mientras no haya una reforma de la ley de migración, que bloquea el Partido Republicano, la solución, según Adams, pasa por la distribución -"coordinada en la frontera"- de los inmigrantes por todo el país y la aceleración de los permisos de trabajo por parte del gobierno federal, que ahora demoran un promedio de 180 días.
"Si les permitiéramos trabajar, reduciría la presión y la responsabilidad de las ciudades", sostuvo Adams. No obstante, la mayoría de los migrantes realizan trabajos temporales y a menudo mal pagados para poder enviar dinero a las familias.
Según la gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, quien junto a Adams pidió al gobierno federal agilizar los trámites de permisos de trabajo, solamete en el sector agrícola del estado hay cinco mil vacantes, otras tantas en el rubro alimentos y más de cuatro mil para conserjes, limpiadores y amas de llaves.
PROYECTO BIPARTIDISTA
La congresista republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar presentaron ayer un proyecto de ley de reforma migratoria que incluye vías para regularizar a los más de 11 millones de personas indocumentadas en EU.
La propuesta legislativa, presentada ante la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, incluye también más fondos para seguridad fronteriza, reformar la manera en la que las personas pueden pedir asilo, al igual que reforzar la seguridad en la frontera.
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Salazar, quien representa al distrito 27 de Florida, dijo que el paquete legislativo representa un momento "histórico" en el que "dos legisladoras deciden trabajar en uno de los temas más polarizadores para el país". La idea, dijo la republicana, es "dar dignidad a los indocumentados".
Bajo la propuesta, las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular en EU, que hayan vivido por cinco años el país y que no tengan antecedentes penales pueden entrar a un programa que les ofrece permiso de trabajo y de viaje por siete años.